La Entrega
Por Adrián Ruíz / [email protected]
Las tranquilas aguas en las que navegaba el alcalde Luis Bank en torno a la seguridad en la capital poblana, empezaron con un oleaje peligroso. De muy poco servirán cambios en la estrategia como contempla el edil. Se requiere de una renovación total.
El trabajo realizado por el presidente municipal, puede ser reducido a cenizas si la delincuencia le gana más terreno.
El oleaje podría aumentar en su contra. Sobre todo después del inoportuno destape que le ordenaron hacer para candidatearse a la postulación por la primera magistratura del estado.
Asear la casa es prioritario porque en los juzgados calificadores se registran toda clase de anomalías. Los remitidos por faltas administrativas son objeto de saqueos de parte de los policias municipales.
Antes de llegar a alguno de los 8 juzgados distribuidos en la ciudad -incluido uno para menores de edad- son atracados con sus pertenencias.
Resulta increíble que a la fecha no haya ocurrido alguna desgracia que lamentar en algún juzgado. El juez en turno -laboran 24 horas por 48 de descanso- y su escaso personal 2 o 3 personas sin vigilancia policíaca se encuentran a merced de los delincuentes.
Ninguno de los jueces está dispuesto a jugarse su integridad física por los 10 mil 400 pesos mensuales que perciben de sueldo.
Prefieren hacerse de la vista gorda y dormir la mayor parte de la noche. Sin vigilancia alguna hace unos días "desapareció" de la delegación centro ubicada en la 9 oriente y 14 sur la pantalla que estaba a la entrada.
Y es que las cárceles improvisadas que se localizan en cada uno de los juzgados los días jueves, viernes y sábados se llenan a su máxima capacidad principalmente por gente alcoholizada que prefiere permanecer encerrada a pagar las exageradas multas.
De acuerdo al famoso "alcoholímetro" aparato que al parecer se encuentra más adulterado que el alcohol que ingieren, porque el 90 por ciento de los remitidos arroja que se encuentran en tercer grado.
Sin derecho a réplica en ese momento -ha habido quienes se amparan y les devuelven su dinero- permanecen 30 horas encerrados para no pagar 7 mil 500 pesos de multa.
Los dictaminados en segundo grado 25 horas de cárcel o 6 mil pesos. Los de primer grado 20 horas o 4 mil 900 pesos. Y por si alguien es sorprendido orinando en la vía pública son otros 7 mil pesos.
Los fines de semana son fructíferos para los juzgados calificadores. El dineral que ingresa es sorprendente.
Reporte del Informante
La construcción de la casa de justicia para adolescentes que bombos y platillos anunció recientemente el fiscal del estado Antonio Carrancá, puede quedarse precisamente en anuncio.
Los 45 millones de pesos que se requieren para la edificación, aprobados por el gobierno federal están a punto de perderse. El fiscal tiene ocupaciones que le impiden hacer la petición del capital como lo establece la normatividad.