Las Serpientes
Por Ricardo Morales Sánchez /[email protected]
La reforma electoral federal realizada en 2014, que derivó en la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituir al Instituto Federal Electoral (IFE), tenía como principal objetivo recuperar la confianza perdida luego de que el IFE se prostituyera en manos de El Maguito Luis Carlos Ugalde en 2006.
Toda la confianza que el órgano ganó durante la gestión de José Woldenberg y su impecable actuación en el proceso electoral del año 2000, aderezado por la alternancia política con el triunfo del PAN sobre el PRI, parecían conducir por fin a México por el camino de la democracia y la transparencia.
El Maguito Ugalde, protegido de la maestra Elba Esther Gordillo, ocupó el lugar dejado por Woldenberg y volvió el descrédito con la penosa actuación de este personaje, quien avaló el fraude perpetrado por Fox y su pandilla en contra de Andrés Manuel López Obrador y que además encumbró a Felipe Calderón.
Leonardo Valdés, quien dirigió el IFE de 2008 a 2014, en términos generales entregó mejores resultados, pero de nueva cuenta la actuación del órgano electoral quedó empañada por la elección de 2012, en la que triunfó el priista Enrique Peña Nieto pero a un altísimo costo.
La confianza perdida obligó a una nueva reforma que cambió el nombre al organismo a INE, pero también pretendía quitarles el control de los órganos electorales a los gobernadores en los estados y devolver la certidumbre a las instituciones.
Ingenuamente se creyó que con esta reforma se iba a recuperar la confianza pérdida .
Los órganos electorales en los estados, aun con la reforma, quedaron en manos de los gobernadores y partidos políticos, dando al traste con la ciudadanización de los mismos y a la incipiente democratización del país.
La prueba de fuego para los Organismos Públicos Locales (Oples) llegó en las pasadas elecciones celebradas en el Estado de México y Coahuila, donde por lo reñido de las contiendas era vital una actuación impecable por parte de estos órganos para evitar los conflictos poselectorales, pero lastimosamente fracasaron.
Los Oples del Estado de México y de Coahuila quedaron en evidencia: no son ciudadanos ni están en manos de gente preparada, están integrados en su mayoría por burócratas gubernamentales y representantes de partidos políticos.
Está de más decir que ninguno de los dos Oples pasó la prueba y hoy están metidos en graves problemas, acusados de haber alterados los resultados en ambas entidades para beneficiar al PRI.
El sentir general es que los órganos electorales en ambos estados fallaron en su misión y lo mismo puede ocurrir en cualquier entidad donde estas instituciones, están en el ojo del huracán al estar integradas en su mayoría, repito, por gente no especializada en el tema.
Recuerdo que la reforma electoral de 2014 tuvo como propósito fortalecer a las autoridades electorales, de tal modo que no quedarán dudas sobre su imparcialidad.
El punto primordial era definir si se debían eliminar o no a las autoridades electorales de los estados y conservar sólo la autoridad federal.
Al final quedó una mezcla de las dos propuestas que en nada abonó al perfeccionamiento de los procesos electorales en el país.
Ahora, la gran pregunta es si el INE está a la altura del gran reto que representa la organización del proceso electoral de 2018, la madre de todas las batallas, pero sobre todo si tendrá la credibilidad y solidez moral suficientes.