Por: Patricia Flores / Corresponsal
TEHUACÁN. Cerca de 200 personas marcharon por las principales calles de Tehuacán para exigir la cancelación del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, en la Sierra Negra Poblana.
Así se conmemoró el primer aniversario de la resistencia pacífica que han tenido, y que ha sido encabezada por el Movimiento Agrario Zapatista (MAIZ), junto con la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHLVT).
A bordo de cinco autobuses de pasajeros los inconformes arribaron a Tehuacán, y expresaron que no están dispuestos a permitir que el proyecto se ejecute porque eso significaría permitir la destrucción de recursos, flora y fauna en la zona a manos de Minera Autlán, ya que la hidroeléctrica sería edificada en los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan, y Tlacotepec de Porfirio Díaz.
Eso incluiría el envenenamiento del Río Tonto, así como de los vertederos donde nace el agua, lo que sería irreversible, “hoy cuando tenemos hambre, o se nos antoja, vamos por caracolitos, o por pescado, pero si matan el río ¿a dónde vamos a ir?”, indicaron que las generaciones venideras ya no tendrían la oportunidad de convivir con la naturaleza como lo hicieron sus ancestros.
Señaló que los municipios del valle deben estar conscientes de que si destruyen los recursos naturales de la sierra, seguirán ellos, porque es gracias a esas montañas que en el Valle de Tehuacán y Ajalpan se tiene agua, de lo contrario se quedarían sin el líquido para que la población subsista.
Martín Barrios Hernández, presidente de la CDHLVT, dijo que en el último año se han hecho avances significativos, y para muestra el hecho de que el proyecto este detenido momentáneamente porque no se ha podido hacer efectiva la consulta a la ciudadanía que saldría afectada, consulta que está fuera de tiempo, porque de acuerdo a la ley se debe hacer previo a cualquier estudio, y en el caso de esa hidroeléctrica ya estudios de impacto ambiental.
Agregó que es precisamente por ese tema que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues la Secretaría de Energía (Sener) pretende imponer una consulta, cuando esa debió llevarse a cabo en el año 2011, “las comunidades indígenas no van a permitir la entrada de la hidroeléctrica, y están dispuestas a presentar la lucha que sea para preservar su entorno”, aseguró.