Las finanzas de los chupaductos, la estrategia para debilitarlos al confiscarles bienes ilícitos
Por Guadalupe Juárez
La pérdida de las propiedades de huachicoleros para debilitar su financiamiento, un exhorto a Pemex para aplicar exámenes de confianza a sus empleados y la modificación del artículo 19 constitucional para aplicar prisión oficiosa a los detenidos por delitos relacionados con el robo de hidrocarburos unieron al mandatario poblano José Antonio Gali Fayad con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
El viernes pasado, el primero como coordinador de la Comisión de Robo de combustible en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el segundo como presidente de la misma, construyeron un frente para enfrentar el robo de combustible desde diferentes aristas.
En la reunión llevada a cabo en el C4 de la capital del país donde acudieron 13 gobernadores y 18 representantes del resto de las entidades que conforman la Conago, el jefe de gobierno exhortó incluir el delito de robo de combustible en el Catálogo de extinción de dominio –que permite quitar propiedades a los delincuentes por un ilícito– para golpear las finanzas de los grupos delincuenciales.
“En la Conago hemos llegado a la conclusión de que debemos atacar los bienes de quienes están operando y afectando a la ciudadanía”, aseguró Mancera, según El Universal.
Gali Fayad apoyó la idea y declaró que esta acción será una herramienta útil para que los bienes no vuelvan a manos de los chupaductos, y recordó en Puebla han decomisado dos ranchos de El Toñín, líder huachicolero quien sigue prófugo.
Otro de los puntos impulsados por ambos mandatarios fue el de modificar el artículo 19 constitucional, una de las propuestas del diputado federal Eukid Castañón Herrera que no ha logrado ser aprobada por la Cámara baja, donde puedan ejercer prisión preventiva oficiosa a todos aquellos que compren, vendan, transporten y roben el combustible, medida que también abonaría a que se cierren las gasolineras que usen producto de procedencia ilícita.
Gali Fayad y Mancera también exhortaron a Pemex a que realicen pruebas de exámenes de confianza a sus empleados, sobre todo a los involucrados a la operación de ductos, desde el despacho, transportación, almacenamiento hasta la distribución de combustible.
Lo anterior debido a que expertos en seguridad y temas de robo de hidrocarburo han manifestado que es necesaria la complicidad de un elemento de Pemex para perforar los ductos o conocer el horario en el que el combustible circula por la infraestructura de la petrolera.
Otra de las medidas del jefe de gobierno y el mandatario poblano consistió en exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para reforzar las tareas de detección y sanción de dicho delito, sobre todo en casos de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Por su parte, la petrolera inició con una campaña de concientización en redes sociales y medios, en donde enfatizan en los daños a los vehículos por utilizar huachicol y el castigo al que pueden acceder en caso de ser sorprendidos en la compra del combustible robado.
En un audiovisual de 30 segundos, Pemex muestra desde los derrames de combustible en los campos, explosiones de tomas clandestinas –que, explican, dañan al medio ambiente– hasta la pena en cárcel de 25 años por cometer cualquier delito relacionado con el robo de hidrocarburos de los ductos de la empresa.
Oxxo Gas retira, por ordeña, inversiones para la entidad
Por Osvaldo Valencia
Debido al problema que representan los huachicoleros para la competencia entre gasolineras, la cadena de expendedoras Oxxo Gas dio marcha atrás a su inversión en Puebla y decidió no abrir ninguna estación de servicio en los próximos cinco años.
Rolando Vázquez, director de Oxxo Gas, propiedad de la empresa Fomento Económico Mexicano SAB de CV (FEMSA), expresó en entrevista para El Universal que la empresa no ha reportado perdidas o impactos negativos debido a que no tienen estaciones instaladas en la entidad poblana.
“Hoy, afortunadamente, en las regiones donde trabajamos no es un tema muy grave; ahora no tenemos operaciones en Puebla. Definitivamente es un tema que afecta porque, para la competencia, vender gasolina en esas condiciones es un riesgo” manifestó Vázquez.
El director de Oxxo Gas señaló que confían que las autoridades atiendan este delito para que puedan competir de manera formal en todos los mercados. “Son situaciones coyunturales, nuestros planes son a largo plazo y, repentinamente, puede haber regiones que por la coyuntura pase eso, pero no es así que nos afecte los planes”, matizó.
Por ahora la empresa cuenta con 382 gasolineras en nueve estados de la república: Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Quintana Roo y San Luis Potosí.
En contraste, José María Juárez Prohens, gerente de Desarrollo de la Red de British Petroleum (BP), aseguró que es un hecho la instalación de la primera gasolinera de esta empresa en territorio poblano, pues ya ha cerrado contratos con empresarios de este sector en Puebla.
“En lo que se refiere al estado, las aperturas previstas están a mediados o finales de agosto o principios de septiembre”, reveló Juárez Prohens, tras su participación en el panel Claves para Tener una Estación de Servicio Exitosa en un Mercado Abierto de Combustibles, en la ExpoGas y Energía 2017.
Por su parte Manuel Fonseca, director de Nuevos Negocios de Shell, manifestó que la compañía petrolera podría abrir estaciones en la entidad antes de concluir 2017, ya que varios empresarios del sector han mostrado interés en esta marca.
Agregó que el robo y venta ilegal de combustible no es algo que les preocupe, pues buscarán formas de suministro para disminuir el ilícito.
En marzo pasado, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Alejandro García Mendoza, informó que entre octubre y noviembre se instalarían las primeras estaciones no pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales serían Oxxo Gas, Coppel, Shell y, de forma tentativa, Gulf Energy MX.
Ejército da golpe; incauta 13 autos de chupaductos
Redacción
Elementos del Ejército mexicano decomisaron la mañana del domingo 13 camionetas que serían utilizadas presuntamente para el traslado de combustible robado.
De acuerdo con información de El Sol de Puebla, los vehículos habrían sido interceptados en la carretera que conduce a la comunidad de San Miguel Espejo, junta auxiliar de Chachapa, Amozoc, donde aguardaban para proveerse del hidrocarburo.
Aunque las unidades fueron decomisadas, en conjunto con policías ministeriales, refiere el portal de noticias que no se reportaron personas detenidas.
Por su parte, el Grupo de Coordinación Puebla Segura detalló en un comunicado que como parte de las acciones contra la extracción y venta ilegal de combustible, entre el 29 de mayo y el 4 de junio se efectuaron 40 operativos y recuperaron 114 mil 134 litros de combustible, con lo cual podrían llenarse dos mil 853 tanques de gasolina de 40 litros.
Asimismo, fueron atendidas y controladas 12 tomas clandestinas y se confiscaron 55 vehículos; hasta el momento, en los operativos han sido detenidas ocho personas.
“La Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como la Fiscalía General del Estado reiteran que los operativos se realizan con estricto apego a la ley y pleno respeto a los Derechos Humanos”, señala el comunicado.
Asimismo, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco; el jefe de la Oficina del Gobernador, Javier Lozano Alarcón, así como el titular de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, encabezaron este domingo en el municipio de Tepeaca la Caravana de Acciones de Prevención, que promueve la proximidad social y la cultura de la legalidad en el estado.
Senado analiza cárcel de 50 años a huachicoleros
Redacción
El Senado de la República analiza incrementar las penas contra el robo de hidrocarburo propuestas por el diputado federal Eukid Castañón y que podrían alcanzar los 50 años de prisión, reveló el legislador en la Cámara alta, Ricardo Urzúa.
De acuerdo con una publicación del periódico El Sol de Puebla, será entre el 15 y 30 de junio cuando se apruebe esta iniciativa en un periodo extraordinario de sesiones donde sean avaladas también algunas modificaciones al dictamen que presentó la Cámara de Diputados.
“La Cámara de Diputados lo emite y nosotros, con algunas pequeñas modificaciones, lo ratificamos. Ahí, aparte de que ahora es un delito grave y es asociación delictuosa, también las penas van a aumentar con base a la cantidad de combustible”, señaló el senador priista al asegurar que los castigos para los huachicoleros se determinarán como actualmente ocurre con el tráfico de drogas.
“En el narcotráfico si a alguien lo agarran con posesión de droga dependiendo la cantidad que transporte son las penas; aquí empezamos con una de 15 años de prisión y dependiendo de lo que se investigue de cuánto ha extraído, robado o comercializado puede ir hasta 50 años”, explicó Urzúa Rivera.
A principios del mes pasado la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el incremento en las penas por el robo de combustible a los ductos de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).
La modificación fue propuesta por Castañón Herrera y avalada con el respaldo de las bancadas del PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES).
En total, la reforma fue aprobada por 321 votos a favor, 37 abstenciones y 18 en contra, durante una sesión ordinaria de la Cámara baja efectuada el pasado 28 de abril.
Los cambios contemplados relacionados con el aumento a las sentencias corresponden a los artículos 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que entró en vigor en enero de 2016.
Del artículo 8 se propuso que de una pena de 15 a 25 años de prisión se eleve a 20 y 30 años, así como la multa establecida que pase de 15 mil a 25 mil salarios mínimos a 20 mil y 25 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de un millón 200 mil 600 pesos a un millón 887 mil pesos.
