El proyecto malecón Cancún-Tajamar empezó a diseñarse en 1992, pero fue hasta 2005 cuando tomó forma y también comenzaron los problemas legales para Fonatur vinculados a este desarrollo turístico
Traspatio
Por Luis Pavón /@pavonlui
Cero y van dos. Un par de amparos son los que la sociedad civil de Cancún ha ganado este año contra grandes desarrollos inmobiliarios planeados cerca de áreas naturales protegidas.
La semana pasada llegó un nuevo revés para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que dirige Rafael Pacchiano.
El Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo concedió un amparo a un grupo de ambientalistas que se oponen al proyecto de hacer construcciones en el Malecón Tajamar de Cancún.
En la sentencia, el tribunal fue tajante: ordena a Semarnat abstenerse de emitir una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual permitía talar el mangle de la zona. Cabe mencionar que el mangle es una especie protegida.
Además de que no emita una nueva autorización, es decir, otra MIA, y que con apoyo de especialistas restaure la zona que fue talada.
La sentencia tiene un fallo trascendente porque puede generar un conflicto (de pérdida) de grandes cantidades de dinero para el gobierno, debido a que el Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) vendió decenas de lotes que se construirían en esos terrenos.
La pregunta es: ¿los empresarios o la Iglesia (tenía su lote), quienes compraron en Tajamar, se van a quedar de brazos cruzados?
Este es el primer amparo concedido; sin embargo, aún hay más en los tribunales.
La historia es la siguiente: en enero de 2016 hubo un ecocidio en Cancún. Patrullas municipales que escoltaron maquinaria pesada entraron al Malecón Tajamar y acabaron con grandes cantidades de manglar; en el acto también murieron diferentes especies de animales, algunas de ellas protegidas por estar en peligro de extinción.
No obstante, fue en julio de 2015 cuando se agudizaron los problemas. El Malecón Tajamar se localiza en la zona urbana de Cancún, en lo que ahora llaman el nuevo centro de la ciudad.
El proyecto, según el video institucional del Fonatur, consiste en edificar hoteles, viviendas, centros comerciales, incluso una iglesia.
La MIA otorgada en julio de 2005 señala que el proyecto abarca 587 mil 607 metros cuadrados y tiene una capacidad para cinco mil cuartos.
Es decir, 593 cuartos más de lo que se puede construir, por lo que el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo consideró que se debía negar la autorización del proyecto, ya que además de rebasar la capacidad de cuartos permitida afectaba 65% de la vegetación conformada principalmente por mangles.
Este cuestionado proyecto comenzó a diseñarse en febrero de 1992 y originalmente se llamó Marina San Buenaventura. Fue hasta 2005 cuando empezó a tomar forma y también cuando comenzaron los problemas legales para Fonatur y que quedarían vinculados al desarrollo Malecón Cancún-Tajamar.
El Fonatur empezó a vender lotes de ese terreno. Según Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab, esta dependencia cometió un fraude porque vendió un terreno en el que no se puede construir.
El 18 de octubre de 2005 Fonatur ofertó cinco lotes que alcanzaron un precio de compra de 325 millones de pesos.
Dos de los terrenos ofrecidos con uso de suelo hotelero se vendieron con un uso distinto, lo que impidió que la empresa italiana Bi & Di construyera edificios de 20 pisos, tal como lo deseaba.
Cuatro años después, el 24 de agosto de 2009, dicho consorcio interpuso una demanda civil contra Fonatur, pleito legal que ganó.
El 24 de agosto de 2011 el juez sexagésimo de lo Civil en el entonces Distrito Federal sentenció a Fonatur a pagar los daños causados a la empresa italiana por esos terrenos que se ubican frente a la playa pública Delfines, justo donde se encuentra el famoso y colorido letrero de Cancún.
De acuerdo con la escritura pública 894 de la notaría pública 64 del municipio de Benito Juárez, Fonatur debería devolver más de 431 millones de pesos a Bi & Di y para lo cual llegaron a un convenio.
“Lo que hace Fonatur es pagarle con los terrenos de Tajamar; les da 10 lotes a esta empresa italiana”, me dijo Araceli Domínguez en una entrevista en enero del año pasado.
Lotes que, por cierto, en la fecha del ecocidio tenían letreros de suspensión de actividades y obras de uso de suelo emitidos por la Profepa.
“Bi & Di cometió irregularidades como el desmonte y relleno de manglares, afectó diversas especies forestales protegidas por la ley, como el mangle y especies animales listadas en alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059-Semarnat-2010”, informó Fonatur en un comunicado el 12 de agosto de 2015.
Ese mismo documento agrega: “De acuerdo a los dictámenes de la Profepa, el proyecto Malecón Cancún-Tajamar se localiza en tres regiones prioritarias establecidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)”.
Pero igual que a las palabras, a los boletines se los lleva el viento. A los cinco meses después de ese comunicado, el 25 de enero de 2016 y tras el desmonte realizado en el resto de los predios, el director jurídico de Fonatur, Manuel Mercado, defendió la deforestación realizada el 16 de enero.
“De no haberse realizado el chapeo y desmonte previo al vencimiento de las autorizaciones otorgadas por Semarnat, los privados que adquirieron dichos predios se habrían visto impedidos para desarrollar sus proyectos respectivos”, declaró. Es decir, en el proyecto Malecón Cancún-Tajamar 22 empresas tienen terrenos ahí.
Por la venta de los terrenos en esa zona, Fonatur obtuvo dos mil 40 millones de pesos.
Sin duda, hay mucho dinero en juego. Pero, según el Tercer Tribunal Colegiado, también hay una cuestión ambiental que preservar.
El primer amparo que ganaron los grupos ambientalistas fue cuando el juez del Tercer Tribunal de Quintana Roo anuló el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez (Cancún).
Con ese amparo se canceló un megahotel del grupo español RIU, ubicado en la zona conocida como Punta Nizuc, en medio de dos áreas naturales protegidas cerca de la zona hotelera del destino de playa .
Y como en la política nada se salva, el gobierno de Carlos Joaquín González se subió al tema y aprovechó para decir que su administración va a respetar el medio ambiente.
Según Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab, “hay una cantidad impresionante de proyectos
irregulares”.