Bitácora
Por Pascal Beltrán del Río
Ante el principal problema que tenemos hoy como país, la impunidad —de la cual se derivan la inseguridad y la corrupción—, los poderes públicos han reaccionado de una forma desafortunada.
¿A qué me refiero? A que en lugar de centrar sus esfuerzos en combatir a quienes violan la ley, como hace todo Estado democrático, la pelea se da entre los diferentes órdenes y niveles de gobierno.
La más reciente se dio con motivo de la entrada en vigor a nivel nacional del Sistema Penal Acusatorio (SPA) hace ya un año.
Escuchamos cada vez más quejas de los gobiernos federal y estatales sobre los presuntos errores cometidos por parte del Poder Legislativo a la hora de procesar la Reforma Penal de 2008 y del Poder Judicial a la hora de aplicarla.
El resultado del cambio, de acuerdo con las autoridades de procuración de Justicia, es que el Ministerio Público tiene menos herramientas que antes para meter y mantener presos a los delincuentes peligrosos y que esto ha significado la presencia en las calles de más criminales y la comisión de más delitos, principalmente homicidios dolosos.
Apuntan que el aumento en el número de asesinatos que se está viendo en casi todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, coincide precisamente con la entrada en vigor del SPA.
Casi todas estas denuncias se han hecho de manera genérica, sin dar detalles sobre casos.
Ayer, en radio, pude documentar uno de ellos. Al entrevistar para Imagen al comisionado estatal de Seguridad de Chihuahua, Óscar Aparicio Avendaño, sobre el enfrentamiento de dos bandas criminales la mañana del miércoles en el municipio serrano de Madera, el funcionario me dijo que el líder de la célula local de La Línea —uno de los dos grupos en pugna—, era un ex policía quien había sido liberado por un juez, pese a que las autoridades lo detuvieron en posesión de armas y droga.
Se trata de José Luis González Montes, alias El 32 o El Mudo, quien fue aprehendido el 9 de diciembre de 2016 en el kilómetro 31 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, cuando la policía marcó el alto a un vehículo. Dentro de él se encontraron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como una bolsa de cocaína y otra de metanfetamina.
De acuerdo con la versión oficial, González Montes —al que algunos medios se refieren como Roberto— intentó sobornar con dos millones de pesos a los agentes que lo detuvieron. Sin embargo, fue remitido para ser procesado.
En la fotografía que le tomaron las autoridades, González Montes aparece sonriendo. A quien le rechazaron el dinero ofrecido; el detenido los habría amenazado de muerte.
El 23 de diciembre un juez ordenó la liberación de El 32 por falta de pruebas. Sin embargo, el fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, dijo a los medios que la responsabilidad de poner en libertad al presunto delincuente recayó en el Poder Judicial. Insistió en que no se trató de un error en la integración de la carpeta de investigación.
“Nosotros presentamos los hechos, presentamos los casos y el Poder Judicial es el que, en el ámbito de su responsabilidad, tiene la atribución de establecer si se reúnen o no los elementos para continuar con una vinculación a proceso”, afirmó Peniche.
Seis meses después, las autoridades chihuahuenses dicen tener información de que González Montes es el líder de una de las bandas que se enfrentaron en el municipio de Madera, donde cayeron muertas 15 personas.
Al líder de la otra —perteneciente al Cártel de Sinaloa— sólo lo conocen por el apodo de El Jaguar, información que se obtuvo luego de interrogar a los detenidos, a decir de Aparicio.
De ser cierto el dato de la participación de El 32 en los hechos del miércoles, resultaría que un individuo peligroso, que ya había sido detenido, está haciendo nuevamente de las suyas luego de haber sido liberado por un juez.
Ahí hay una serie de preguntas que requieren respuesta: ¿Es este un caso paradigmático de cómo funciona el SPA? ¿Las autoridades de procuración de justicia están viendo mermados sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia por el SPA o por el mal trabajo de los jueces? ¿El SPA necesita reformas? ¿La queja sobre estas presuntas dificultades está fundamentada o es un pretexto?
No me atrevo a prejuzgar, pero pienso que las respuestas deben venir pronto.