Por Berenice Martínez
La senadora Patricia Leal Islas señaló que la ley no debe conocer colores partidistas, por lo cual aseguró no compartir el señalamiento del ex presidente capitalino Eduardo Rivera Pérez, quien se dice perseguido político.
Lo anterior en relación al embargo de una casa que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) hará al yunquista como forma de pago por la multa de 25.5 millones de pesos que le aplicó el Congreso del estado al no poder solventar observaciones en su cuenta pública de 2013.
La panista señaló que como presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso local dio cuenta de las diversas etapas por las cuales atraviesa el proceso de fiscalización que da oportunidades para aportar a la autoridad las pruebas de que los recursos fueron manejados adecuadamente.
"Considero que se debió haber agotado o tenido más cuidado en acreditar a la autoridad fiscalizadora que se manejaron adecuadamente los recursos", dijo al descartar que haya persecución política contra Rivera Pérez.
Señaló que el ex presidente municipal de Puebla tuvo a su alcance muchos medios de defensa que no sólo están en la esfera estatal, sino en el ámbito federal para aclarar las observaciones que lo inhabilitaron de la función pública por 12 años.
"Estaremos a la espera de que el juez determine, tuve la oportunidad de platicar con el consejero jurídico del estado (Armando López) él me refería que en el amparo que (Rivera) promovió, claramente dice que la inhabilitación está firme, es un tema de un juez federal, no es estatal", aclaró.
Leal Islas se pronunció a favor de ser respetuosa con las observaciones que hacen los órganos fiscalizadores, no sólo la Auditoría Superior del Estado, sino la Contraloría, Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).