Los ex mandatarios de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León y Nayarit forman parte de ese grupo; dos han sido aprehendios, mientras que los otros sortean a la justicia
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
Los jóvenes gobernadores, quienes representaban a la nueva generación, ya están en la cárcel.
El veracruzano está por pisar un reclusorio mexicano. El quintanarroense todavía permanecerá un tiempo más detenido en Panamá. El chihuahuense sigue libre, supuestamente en El Paso, Texas. El neolonés ahí anda sorteando a la justicia. Y el nayarita no se quiere quedar atrás, ahí viene cabalgando, dispuesto a ocupar las primeras planas.
Cuando fueron gobernadores hicieron y deshicieron a su antojo, dejaron a sus estados en bancarrota, eran la “nueva generación” de mandatarios. Así los llamó el jefe del Ejecutivo.
Los casos de Javier Duarte y Roberto Borge son los más llamativos, hasta ahora. Ambos tienen varias cosas en común e incluso se hicieron buenos amigos. Coincidieron en dos: la corrupción y hasta en ser detenidos en la región de Centroamérica.
Ni estando en la cárcel se quieren quedar atrás, hasta parece que compiten en ver a quien le detienen más colaboradores. Y es que el martes pasado se hicieron dos detenciones representativas de personajes vinculados a ellos.
En el caso de Veracruz, se aprehendió a un personaje que no fue funcionario de Javidú, pero sí un empresario consentido durante la administración.
Se trata de César Augusto Morando Turrent, constructor encargado de la obra de la Torre Pediátrica de Veracruz, quien fue detenido por la Fiscalía del estado e ingresado al penal de Pacho Viejo.
Morando Turrent obtuvo un contrato por 186 millones 767 mil 484 pesos para la continuación de la obra de la Torre Pediátrica ubicada en el puerto de Veracruz.
El gobierno de Yunes lo acusa de abandonar la obra y de usar materiales de baja calidad. Tuvieron que demoler los últimos dos pisos de la construcción porque representaban el riesgo de colapsar.
El status oficial y actual de la obra es suspendida. El estado físico global de la obra de la Torre Pediátrica es de 60%. Pero además es un hospital que se inició desde el gobierno de Fidel Herrera. Con Javier Duarte es cuando más recursos se destinaron para terminarla pero eso no ocurrió. ¿Dónde quedó ese dinero?
Según las autoridades veracruzanas, el constructor César Augusto Morando Turrent recibió los 186 millones pero a la mera hora dejó la obra. Ya está a disposición de un juez, falta saber el desenlace.
Otro que también fue detenido de manera sorpresiva el martes pasado fue Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, ex director de la empresa VIP SAESA, propiedad del gobierno de Quintana Roo, la cual ofrece el servicio de transportación aérea a los funcionarios de ese estado.
En septiembre pasado, en Despierta de Televisa, le documentamos las bitácoras de vuelo con el nombre de las personas que usaban los aviones gubernamentales. Viajaban familiares de funcionarios, notarios, empresarios, amigos del entonces gobernador Roberto Borge para sus fines particulares.
Días después del reportaje, Acosta Gutiérrez compareció ante el Congreso de Quintana Roo. Los diputados le preguntaron si todo lo que había salido en el reportaje de Televisa era cierto... “Sí”, fue la respuesta del ex funcionario.
Entre los que usaron los aviones de gobierno están César Celso González Hermosillo y Édgar Méndez Montoya, empresarios denunciados por el actual gobierno que encabeza Carlos Joaquín González como presuntos prestanombres del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, quienes gozaron de los servicios de la aerolínea del gobierno estatal VIP SAESA para su uso privado.
Carlos Alberto Acosta Gutiérrez es el tercer funcionario del gobierno de Borge en ser aprehendido. Faltan muchos más por ser detenidos, “falta el filete”, me dijo un alto funcionario del gobierno quintanarroense.
Tal vez en esa lista esté uno de los ex funcionarios más señalados y que aquí en Traspatio le hemos documentado. Y ahí le van más de las andanzas del señor Juan Pablo Guillermo Molina, quien fue el secretario de Finanzas de Borge.
Resulta que el despojo de terrenos con recursos del erario de Quintana Roo llegó hasta Yucatán. El presunto responsable es, imagino bien, Juan Pablo Guillermo Molina.
En Hunucmá, Yucatán, una comunidad ubicada a 30 minutos de Mérida, un grupo de ejidatarios acusa que fueron despojados de sus tierras, las cuales fueron vendidas por personas ajenas al tema. Aseguran que el acta de la asamblea ejidal los reconoce a ellos como propietarios.
Al ring de las acusaciones se subió el senador panista por Yucatán, Daniel Ávila.
El 16 de febrero de 2016, el legislador denunció ante la PGR, el SAT y otras dependencias federales, al ex secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, por presunto tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.
Dos meses después, la querella fue avalada por el Senado, que emitió un punto de acuerdo en el cual exhortó a las autoridades federales para que investiguen si hubo delito en la venta de esas tierras y en su caso, procedieran legalmente.
La acusación detalla que fueron desviados 32 millones de pesos del erario estatal para comprar 190 parcelas en el ejido de Hunucmá, Yucatán, escriturados a nombre de Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano del ex titular de Finanzas de Quintana Roo.
Según la querella, el hermano del ex funcionario tiene 26 años de edad y no tiene cómo justificar su capacidad económica para comprar esos terrenos.
A Juan Pablo Guillermo se le acumulan las denuncias en su contra. Enfrenta, además, demandas penales, una solicitud de juicio político interpuesta el 25 de abril de 2016 por la asociación civil Somos tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo.
Lo acusan del presunto desvío de mil 464 millones de pesos procedentes del impuesto al hospedaje, destinado a los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya, recursos cuyo paradero se desconoce.
Dicha demanda se encuentra en trámite en el Congreso estatal, mientras que el ex funcionario solicitó un amparo para evitar el juicio político.
Sin embargo, el despojo de propiedades fue una característica del gobierno de Roberto Borge que involucra a varios de sus ex funcionarios.
La Secretaría del Trabajo de Quintana Roo presentó cinco denuncias penales por el despojo de hoteles en Tulum y departamentos de lujo en Cancún, mediante 15 juicios laborales apócrifos en la administración de Borge.
Entre los acusados se encuentran los ex titulares de las juntas de conciliación y arbitraje de Cancún y Playa del Carmen, así como el ex secretario estatal del Trabajo Patricio de la Peña Ruiz de Chávez.
En el caso de Chihuahua, ya también hay orden de aprehensión contra el ex gobernador César Duarte, es decir, ya es prófugo de la justicia. También se han detenido varios ex colaboradores del hermano chihuahuense.
Y no perdamos de vista el caso Nayarit. Sigue la mata dando.
En el caso de corrupción de los gobernadores, los rojos van ganando a los azules.
De los casos recientes, Sonora y Aguascalientes son azules que han pisado la prisión. De los rojos, la lista cada día se hace más extensa.