Javier Duarte y Karime Macías durante el primer año de la administración empezaron la operación “exprimir al DIF”, donde contrataron a seis empresas fantasma para desviar 41 mdp
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
Ella vive en Europa, libre como el viento. Él vive en la cárcel. Ella goza de los millones que su esposo obtuvo de manera ilícita. Él está a punto de pisar una prisión mexicana.
Ella está implicada en el saqueo al estado, dicen todas las voces. Él fue acusado, formalmente por su sucesor, de desviar 220 millones de pesos.
Ella y él se conocieron en la universidad Iberoamericana. Él se quedó flechado por la porteña. Ella volteó a ver quién era ese muchacho que no pertenecía a su círculo social. Se hicieron novios, se casaron, tienen tres hijos.
En el poder se consolidaron como la pareja ideal: ambos gustaban de la abundancia, incluso, ella decía merecerla.
Tan es así que, nada más empezó a disfrutar las mieles del poder, comenzó la operación “expriman al DIF”.
Llegó 2011, el primer año de administración de Javier Duarte y ¿para qué esperar? Inició el desvío de recursos a través de empresas fantasma.
41millones de pesos se entregaron en 2011 a seis empresas que sólo existían en el papel.
Eso sí, para no verse mal, el DIF utilizó el sistema de licitaciones para otorgar contratos a esas seis empresas fantasma, las cuales son: Grupo Balcano, Pefraco, Ravsan Servicios Múltiples, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios Cerene yAnzara.
Oficialmente el dinero entregado a esas empresas fue para comprar sistemas de purificación de agua, estufones, tanques de gas, mochilas escolares, material deportivo y granjas ecológicas. Productos de los cuales no hay evidencias que comprueben su adquisición, según una denuncia presentada el 1 de marzo pasado por la nueva directiva del DIF ante la Fiscalía del estado.
En la demanda se pide investigar a varios ex funcionarios del DIF, entre ellos, al ex director general, Juan Antonio Nemi Dib; Tarek Abdalá Saad, quien era el tesorero; Astrid Elías Mansur, la entonces directora de Grupos Vulnerables y otras seis personas vinculadas al área de administración.
Según los documentos de las licitaciones, a los cuales tuve acceso y conservo en un cajón, el responsable de esos concursos era Tarek Abdalá Saad, entonces director administrativo del DIF y posteriormente tesorero del gobierno estatal. Hoy es diputado federal en proceso de desafuero, acusado de desviar 23 mil millones de pesos.
Como era de imaginar, él firmó los contratos con las empresas fantasma cuando fue nombrado tesorero del DIF por el gobernador, a petición de la primera dama.
Acordaba directamente con el jefe del Ejecutivo y la presidenta del sistema DIF.
No conforme con eso, y para hacer más “transparente” las licitaciones, las empresas fantasma y las proveedoras de otros servicios también fueron usadas en otras dependencias estatales durante el gobierno.
Fue el caso de Suministros Maxbec, propiedad de Andrés Beceiro, compadre de quien dirigía el DIF. La empresa proveía medicamentos a la Secretaría de Salud, el DIF le extendió la invitación para concursar y así vender estufones y tanques de gas. Es decir, de distribuir medicinas cuando expendiera los productos anteriores.
Otro caso, la empresa, esta sí era fantasma, Centro de Recursos de Negocios (Cerene), la cual ganó casi seis millones por venderle al DIF granjas ecológicas; obtuvo otro contrato en 2012, fue por cinco millones 25 mil pesos y fue para abastecer productos multivitamínicos.
Cerene era multifacética. Posteriormente recibió un contrato por 25 millones de pesos para realizar una campaña de publicidad del gobierno estatal en Estados Unidos. Eso lo denunció el mismo secretario de Turismo de la administración de Javier Duarte. ¿El secretario se quería curar en salud?
Las seis empresas fantasma contratadas durante en el primer año de gestión del ex gobernador en el DIF fueron boletinadas por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre del año pasado.
El SAT señaló que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Eso por nombrarle nada más algunas irregularidades, las cuales desconocía el director del DIF, Juan Antonio Nemi. Bueno, eso fue lo que me contó cuando lo entrevisté.
Juan Antonio Nemi narró que por acuerdo del gobernador se retiraron todas las funciones y facultades administrativas al director del DIF. Entonces al retirarselas, él no firmó una sola licitación.
“Nunca participé en nada patrimonial, no hay ningún documento firmado por mí, no asistí a una reunión, jamás tuve trato con proveedores, nada (...) De suerte, todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos del DIF, no tuve ninguna participación de ningún tipo”.
Al grado que ni siquiera conoció cómo era la oficina del director administrativo, me dijo.
Y si eso ocurrió en el primer año de gestión, ya mejor no hablemos de los siguientes.
Pero así se las gastaba la pareja ideal: Karime Macías y Javier Duarte.
Karime goza de la abundancia en Londres. Javidú vive en una celda y tiene nuevo look: tusado, con barba y kilos recuperados.
Pero no sólo reapareció con el look de la cárcel, también con la lengua filosa: “es una pena que perdamos el tiempo en estas babosadas”, dijo el ex gobernador de Veracruz cuando se despidió de los fiscales tras la audiencia de la semana pasada en Guatemala.
Al gobierno de Miguel Ángel Yunes lo calificó de “Estado fallido” y enumeró los calificativos a la acusación que le formuló la Fiscalía de Veracruz: infundadas, ligeras, vagas e imprecisas.
No es para menos, lo acusaron de desviar 220 millones de pesos de la Comisión de Agua Potable. Leyó bien, sólo 220 millones. Casi nada.
¿Y los miles de millones de pesos que se robó y que por eso lo iban a meter a la cárcel?
¿Dónde están esas acusaciones, Miguel Ángel Yunes?
Tal vez de eso fue la risa de Javier Duarte y por lo tanto pidió que lo extraditen a la voz de ya. Casi dando por hecho que esa acusación la tiene ganada. “Son acusaciones irrisorias de este gobierno fallido”, mencionó Javier Duarte en la audiencia del martes pasado.
Ahora falta saber qué va a decir sobre las acusaciones del orden federal. Si acepta, seguramente estará en una prisión mexicana en los próximos días.
Esperemos que no “se enferme” como Granier y Elba Esther, y vaya a dar un largo periodo al hospital del reclusorio.