Asociaciones civiles señalan que en el primer semestre de 2017 hubo 276 agresiones contra periodistas, 23% más que el año pasado
Por Osvaldo Valencia
El abuso de los actores políticos de las figuras legales como el daño moral y la difamación se ha vuelto una constante contra el ejercicio periodístico, ya que en el primer semestre de 2017 se registraron 276 agresiones contra comunicadores, 23% más que el año pasado.
De esa cifra, 146 acciones (53%) fueron cometidas por autoridades municipales y estatales; de este porcentaje, 24% (35 casos) fue realizado por agentes federales, indicaron Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 en México, y Sara Mendieta, presidenta de la asociación civil Propuesta Cívica.
En el marco del foro Cultura de Paz en México, organizado por El Colegio de México, Sara Mendieta expuso que las figuras políticas utilizan el concepto de daño moral para intimidar a periodistas que hacen investigaciones serias que les incomodan.
Agregó que estas acciones, además de provocar un daño económico al demandado, generan estrés y censura al comunicador, lo cual desvía la atención de la investigación.
“La Corte Interamericana (de Derechos Humanos) ha sido enfática en decir que el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser tan intimidante e inhibidora para el ejercicio de la libertad de expresión como una sanción penal”, dijo Sara Mendieta.
A su vez, Cristina Ruelas manifestó que el incremento de las agresiones hacia la prensa se relaciona con la proximidad del proceso electoral del próximo año.
“Vamos rumbo a un escenario electoral muy complejo donde los periodistas se convierten en una contranarrativa a la oficial”, apuntó.
En Puebla, una demanda por daño moral, maliciosa
En junio pasado esta casa editorial hizo pública la demanda que el secretario de Gobernación de San Pedro Cholula, Ignacio Molina Huerta, entabló contra el reportero Mario Galeana por daño moral.
La queja de Molina Huerta derivó de la publicación del reportaje Empresas fantasma, las consentidas de José Juan, donde se vinculaba a Molina Huerta en la adjudicación de 33 contratos de obra pública a Omar García Moreno y Carina Meneses Escobar, dos contratistas con domicilios fiscales falsos que no han tenido otra obra fuera de la gestión del alcalde sampetrino José Juan Espinosa Torres.
Tras la investigación, Molina Huerta interpuso la demanda por daño moral, alegando que recibía en la calle gritos, además de señas y palabras altisonantes.
Luego que las organizaciones Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla reprobaran esta acción y exigieran a Espinosa Torres garantizar la libertad de expresión, el 23 de junio Molina Huerta renunció al litigio contra Mario Galeana.