Pese a las acusaciones de chantaje de la secretaria general del PAN, Rivera Pérez asegura que estará en la boleta electoral de 2018
Por Mario Galeana
El ex alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez aseguró que es muy posible que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN designe de manera directa al próximo candidato al gobierno de Puebla, aunque no descartó otro tipo de método de elección, como la consulta abierta a la ciudadanía o exclusivamente a la militancia.
“Hay una gran incertidumbre sobre el método. De los 21 procesos electorales que han pasado, todos los candidatos a gobernador fueron designados. Es muy probable que esa misma situación se replique”, aseguró ayer por la mañana en entrevista con Oro Noticias.
Tras haber sido exhibido por Martha Erika Alonso Hidalgo, quien aseguró que el ex alcalde intentó chantajear al partido para que los diputados locales avalaran su cuenta pública de 2013, el yunquista pugnó porque exista unidad en el PAN durante la repartición de candidaturas correspondientes al proceso electoral de 2018.
“No sólo deben escogerse a los mejores candidatos, sino que también debe realizarse en un proceso de unidad y de suma de esfuerzos. Si esto no se logra en Puebla y en el país, ¿con qué cara y autoridad moral nos presentamos ante los ciudadanos?”, dijo.
Asimismo, sin pronunciar nada sobre el tema del chantaje, Rivera Pérez aseguró que su nombre no podrá ser incluido, bajo ninguna circunstancia, en el padrón de servidores públicos inhabilitados, lo cual permite su participación en la contienda electoral.
“Afortunadamente tengo una suspensión definitiva de un juez de distrito que ha prohibido que el nombre de Eduardo Rivera sea inscrito en este padrón. La Ley de Justicia Federal me ha amparado. Siempre ha existido un interés político de sacarme de la jugada y ponerme piedras en el camino”, puntualizó Rivera Perez.
El ex alcalde insistió que podrá participar en el proceso electoral de 2018, pese al daño patrimonial por 25.5 millones de pesos que el Congreso de Puebla fincó en su contra tras detectar irregularidades en su tercer año de gobierno, y que ha desatado un litigio ante los tribunales federales.
