Para que el nuevo Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no deje en libertad a los delincuentes se deben implementar las unidades de medidas cautelares, las cuales se encargarán de valorar cada caso
Traspatio
Por Luis Pavón /@pavonlui
¿Para qué detienen a un delincuente si en pocos segundos, minutos u horas va a quedar en libertad?
¿Para qué presentar la denuncia? ¿Sirve de algo?
¿Por qué cree que Juan Raymundo Morales Martínez ha sido detenido y liberado 409 veces?
Porque la autoridad federal y las estatales no han echado a andar como debe de ser la Umeca. Es decir, las Unidades de Medidas Cautelares, instituciones encargadas de elaborar el expediente de cada detenido para determinar los riesgos que podría representar en caso de dejarlo en libertad.
“¿Qué es lo que nos está fallando? El fiscal lo que requiere es que cuando detienen a una persona lo deben mandar a la Umeca. Con eso le da los argumentos al fiscal y él se los tiene que presentar al juez. Decirle: señor juez, aunque esta persona cometió un delito que no es grave, considero que es un peligro social dejarlo en libertad, por estos argumentos, y el juez debería ordenar la prisión preventiva oficiosa. Eso no está pasando”, así de contundente y claro fue lo que me dijo Héctor Díaz Santana, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y promotor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Apenas ha pasado un año de que entró en vigor el Sistema Penal Acusatorio y ya está en el ojo del huracán.
Las autoridades urgen a una reforma.
Los impulsores del nuevo modelo lo defienden. Argumentan que el problema no es el nuevo sistema de justicia, sino que no lo aplican adecuadamente. Una de esas fallas es que no están funcionando las Umecas.
El mejor ejemplo es el caso de Juan Raymundo Morales Martínez, quien ha sido detenido y liberado 409 veces, mientras que su hermano Fabián, 121, según la Policía Municipal de León, Guanajuato.
La más reciente fue el 19 de junio, cuando entraron a robar en un estacionamiento del centro de esa ciudad.
De acuerdon con la Secretaría de Seguridad Pública de León, Juan Raymundo Morales Martínez fue detenido por primera vez en 2008, cuando tenía 14 años de edad, hoy tiene 23.
Si hacemos cuentas, lo han detenido en promedio 45 veces al año, es decir, casi tres por mes.
En febrero de 2009, cuando estaba el anterior sistema de justicia, Juan Raymundo Morales Martínez fue aprehendido tres veces en cinco días; una por delitos federales y las otras dos por fuero común.
Los delitos que ha cometido desde hace nueve años junto con su hermano menor, son: robo a comercio, a casa habitación, ganado, posesión de droga, allanamiento de morada, daños en propiedad ajena, además de faltas administrativas.
¿Qué pasa en ese caso? Le pregunté al jefe de la policía de León, Guanajuato. Luis Enrique Ramírez, quien al contestar se deslindó de que esas personas queden en libertad. Dijo que la labor de sus elementos termina cuando los ponen a disposición del Ministerio Público (MP).
Busqué la versión de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, pero la respuesta fue que la agenda del procurador estaba “muy ocupada”. No hubo entrevista.
El que sí me recibió fue Héctor Díaz Santana, académico e impulsor del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Entre otras cosas, me explicó que el problema de que esas personas sean detenidas una y otra vez sin consecuencias se debe a que sólo cuatro estados en el país han puesto a funcionar las Umecas, de las cuales poco se habla.
Esas que los estados no mencionan y mucho menos dicen que no las han echado a andar.
Por eso criticó que los gobernadores busquen la salida más fácil: reformar la ley del Sistema Penal Acusatorio en lugar de implementarla adecuadamente y brindar la capacitación necesaria a los cuerpos policiacos.
“Para ellos es más fácil cambiar la ley y que presente resultados más rápidos. Muchas veces, hay policías que todavía no saben llenar los formatos homologados, hay fiscales que les cuesta armar su caso, hay jueces que siguen emitiendo sus recomendaciones o resoluciones judiciales pensando en el esquema anterior”, dijo enfático en la entrevista que le hice.
Ahora bien, qué pasa con las víctimas. El clamor social que hemos palpado, seguro que usted conoce de algún caso directo, es frustración, coraje.
Un ejemplo es el caso de Erik Vicino. Un joven fotógrafo profesional, quien en noviembre de 2015 sufrió el robo de su equipo de trabajo valuado en 200 mil pesos.
Se lo hurtó un sujeto que lleva ocho años cometiendo fraudes en la Ciudad de México: Martín Raúl Martínez Paz, alias El Cicatriz, quien ha sido detenido en varias ocasiones y dejado en libertad.
Erik denunció ante el MP el robo; sin embargo, dice estar arrepentido. “Ha sido un calvario” me dijo.
“Se me ha pedido en varias ocasiones por parte de la procuraduría que rehaga mi denuncia, que la complemente, que haga post declaraciones y esto se me ha pedido al menos tres veces durante el año. Llega el momento en que dices, para qué estoy haciendo esto. Los mismos de la agencia me decían: es que con este nuevo sistema pues hasta nos da pena traerlos a declarar porque, pa’ qué, si va a salir el delincuente en dos meses”
Es por eso que el doctor en Derecho Héctor Díaz Santana expresa: “El sistema no falla, lo que sí está fallando es quienes lo están operando”
¿En el nuevo modelo, la reincidencia ya no es ningún agravante?, le pregunté. Esto fue lo que me respondió:
“Claro que sí. Pero requerimos y vuelvo al tema de las unidades cautelares. Las Unidades de Medidas Cautelares deben de tener el expediente de cada una de las personas que han sido sometidas a un proceso judicial y hay que darle una categoría a cada una de las personas que ha cometido un delito. Entonces falta el monitoreo, falta el seguimiento”.
Un seguimiento que no existe ni siquiera con la oficina que fue la encargada de implementar durante ocho años el Sistema Penal Acusatorio. El gobierno federal desapareció esa área.
Fueron millones de pesos los que se gastaron para echarla andar, los gobiernos estatales recibieron el dinero, recursos que hoy se desconoce en qué se utilizaron y nadie hace nada.
Como siempre, la sociedad está pagando los platos rotos.
Cuando lea esta columna, seguramente, Juan Raymundo Morales Martínez ya habrá sido detenido y liberado nuevamente, ya sumará más de 409 arrestos.