Por: Denisse Meza @DenMeza
Foto: Archivo Es Imagen
La sociedad vive entre la aceptación del indio muerto y el rechazo al indio vivo, que para el 43.2 % de los mexicanos es sinónimo de marginación, pobreza y falta de derechos, derechos con los que tropieza al enfrentarse con la discriminación.
María Nocolasa y Fidencio se enfrentaron a la ignorancia y corrupción de un sistema jurídico que lejos de hacer valer sus garantías individuales, las vulneró y llevó a ocupar lugares dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, donde su peor condena fue tener la sangre indígena.
Nicolasa nació bajo la tutela machista, lo que llevó a sus padres a venderla a los 8 años de edad a un hombre con quien procreó 12 hijos, de ellos sólo 4 lograron sobrevivir. Pasaron los años y con eso la necesidad de buscar nuevas oportunidades, lo que la trajo a Puebla junto con uno de sus hijos llamado Fidencio.
Ella rentó una casa en la 34 Poniente de la Colonia Santa María para vivir con su hijo y subsistían con un negocio de plantas en el mercado Hidalgo, donde llevaban aproximadamente 10 años.
El 14 de octubre de 2016, sin una orden de cateo, uniformados ingresaron a su casa acusándolos de distribuir droga, ya que tiempo antes, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió una supuesta llamada anónima donde les denunciaron la venta de marihuana en el establecimiento de María y Fidencio.
Cuando los ministeriales revisaron el inmueble se dieron cuenta que no había nada irregular, así que decidieron sembrarles marihuana en la mesa de la casa, porque, según relata el abogado, los policías reciben una cantidad de dinero por cada detención.
Al día siguiente, los asegurados fueron trasladados al Cereso de San Miguel y dos días más tarde en el Juzgado Séptimo rindieron su declaración. Al no contar con un traductor, María y su hijo ratificaron su declaración y se dijeron culpables con lo que podían conmutar con dinero el resto de su condena, dinero que no tenían.
En el artículo 31 del reglamento de los Centros de Reinserción Social del estado señala que cuando se trata de un interno pertenecientes a un grupo étnico, “se respetarán en todo momento la lengua y las tradiciones culturales, (…) serán auxiliados por intérpretes capacitados, cuando sea necesario, a fin de garantizar los derechos humanos protegidos por el sistema jurídico mexicano”, algo que no tuvieron en ningún momento de proceso.
El caso llegó a oídos de un abogado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) a través de la Asociación Pro Niñez, que encarga de proporcionar artículos de higiene a las mujeres y a sus hijos dentro del penal, quien decidió apoyar al caso al darse cuenta de las inconsistencias que estaban viviendo.
Después de aproximados 6 meses Nicolasa y su hijo pudieron salir libres, a pesar que el abogado de oficio les dijo que estarían 12 años de prisión, a través de las acciones realizadas por el abogado quien se encargó de reducir la condena.
Nicolasa dentro del penal experimentó la discriminación por parte de sus compañeras, quienes al no entenderle la rezagaban al igual que las custodias, esta historia se repite con los más de 8 mil indígenas que se encuentran en prisión sin condena.
Según datos de la ONU, los pueblos indígenas representan una diversidad de más de 5 mil grupos distintos en unos 90 países que están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, lo cual representa más de 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres.