Por Mario Galeana
La diputada Geraldine González Cervantes propuso una modificación a la Ley de Transporte para el Estado de Puebla, con el fin de que el servicio de transporte ejecutivo, como Uber, instale botones de pánico en cada unidad.
A más de dos semanas del feminicidio de Mara Castilla, crimen en el que se encuentra implicado un ex conductor de Cabify, González Cervantes consideró que todas las empresas de redes de transporte deben destinar a sus conductores a un servicio que atienda, de manera exclusiva, a mujeres.
En días pasados, el gobierno del estado anunció que, al menos en la capital, dialogarían con distintas centrales de taxis para que destinen una flotilla especial de sus unidades y brinden el servicio de transporte a este sector social.
También celebró la cancelación del registro de Cabify y exigió un “castigo ejemplar” contra Ricardo Alexis N., presunto feminicida de Mara Castilla.
Pero González Cervantes señaló que la detención del probable feminicida de la estudiante no exime a la Fiscalía General del Estado (FGE) del esclarecimiento de “los cientos de feminicidios” registrados en el estado.
Pide alerta de género en Puebla y Tehuacán
Por ello, la legisladora local presentó un punto de acuerdo ayer, en sesión de la Comisión Permanente, para que la Fiscalía rinda un informe ante el Congreso local donde exponga cuáles han sido los
obstáculos en la investigación y sanción de feminicidios, así como el número total de estos crímenes.
“A la fecha no se cuenta con cifras confiables y transparentes respecto al número de feminicidios cometidos en la entidad; del número de delitos perpetrados contra las mujeres, y de las capturas, procesamientos y sentencias obtenidas”, dijo.
Exhortó al gobierno federal a reconsiderar la emisión de la AVGM en las ciudades de Puebla y Tehuacán, las más pobladas del estado.
La medida, agregó, fue bloqueada en años pasados por la administración de Rafael Moreno Valle, el Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, un sector de la iniciativa privada e, incluso, por el Instituto Poblano de la Mujer (IPM).
“A partir de la trágica pérdida de Mara Castilla, las expresiones a favor de la alerta han crecido. Incluso, se hizo el llamado para que se presente nuevamente una solicitud de declaratoria, pero eso resulta tedioso y prolongado, ya que el proceso dilata más de un año. Lejos de apoyar el reinicio del trámite, es oportuno pedirle a la Secretaría de Gobernación que reconsidere la resolución emitida dentro del procedimiento iniciado en 2015”, explicó.
