El patrimonio, valuado en 3 mil 750 millones de pesos, incluye propiedades ubicadas en Puebla y San Pedro Cholula, así como en Tlalnepantla, Estado de México, además de cuentas bancarias, automóviles y un helicóptero
Por: Staff 24 Horas Puebla
Foto: Archivo Agencia EsImagen
La Fundación Mary Street Jenkins habría trasladado su patrimonio, valuado en 3 mil 750 millones de pesos, a una organización asentada en Panamá, denominada Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, que a su vez cedió sus propiedades a la empresa FPDL SA, la cual tiene su sede en México.
Una investigación del portal e-Consulta reveló que la mayoría de los bienes se ubican en distintos puntos de Puebla, como las zonas de Las Ánimas y Xonaca, el Centro Histórico y San Pedro Cholula, así como en Tlalnepantla, Estado de México, además de cuentas bancarias, automóviles y un helicóptero.
La o las propiedades más costosas están en el predio donde se construyó el centro comercial Triángulo Las Ánimas, con un valor de 586 millones 870 mil pesos.
En la misma zona figuran las instalaciones de la Primaria del Colegio Americano, sobre la 31 Poniente, valuadas en 203 millones 54 mil pesos.
Asimismo, la tienda de autoservicio Walmart y el restaurante VIPS, frente al Triángulo, en 143 millones de pesos.
Destacan la secundaria y bachillerato del Colegio Americano, además de los clubes Alpha 3 y 4 y Deportivo Cholula.
En julio pasado, el semanario Proceso dio a conocer un supuesto fraude por 720 millones de dólares que la Fundación Mary Street Jenkins habría donado a su par Bienestar de la Filantropía.
De acuerdo con la publicación, Guillermo Jenkins de Landa, miembro expulsado del patronato de la Fundación Jenkins, presentó pruebas de cómo la otra asociación recibió 720 millones de pesos y cambió su sede de Aguascalientes, donde tenía sus oficinas, a Barbados.
Es precisamente, refirió el portal informativo e-Consulta, la organización que de la isla se mudó a Panamá.
Las anomalías, según Proceso, son investigadas por la Unidad Especializada en Análisis Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) a través del expediente FED/UEAF-PUE/0000005/2016, así como por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).