Por Mario Galeana
El diputado Pablo Fernández del Campo presentó una iniciativa para que los gobiernos indemnicen a los ciudadanos que sufran algún agravio patrimonial causado por fallas en infraestructura carretera o de servicios.
La propuesta de Ley de Responsabilidad Patrimonial plantea que, en un periodo no mayor a 28 días, el ciudadano debe presentar fotografías o documentos que acrediten el daño a su propiedad. Éstas deberán ser valoradas y resueltas por un órgano de control interno, que debe sentar la indemnización.
Además, si un automóvil se daña por un bache o un socavón –ejemplificó–, los gobiernos municipales y estatales deben cubrir el gasto total que requiera la reparación del vehículo.
En cambio, si se trata de una vivienda que registró daños a causa de fallas en el drenaje o la red de alcantarillado, el ciudadano debe recibir una compensación por parte de las autoridades.
“El Estado tiene la obligación de resarcir dichos daños porque no son causa ni responsabilidad del particular. Pero esto ocurre una vez que se compruebe que fue responsabilidad de la autoridad”, explicó Fernández del Campo ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla.
La reforma, explicó el legislador priista, no es inédita. La responsabilidad patrimonial del estado en fallas de este tipo es constitucional desde el 31 de diciembre de 2004.
Desde entonces, sólo 15 de los 32 estados del país modificaron sus constituciones para reglamentar este tipo de indemnización.
“Debe quedar perfectamente establecido este concepto para que el procedimiento de reparación del daño sea claro y preciso”, agregó.
A la iniciativa presentada ayer se sumaron los diputados locales Juan Carlos Natale López (PVEM), Carolina Beauregard (PAN) y María Evelia Rodríguez García (Compromiso Por Puebla). Ahora sólo resta que sea dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, encabezada por la legisladora Susana Riestra Piña (Nueva Alianza).
Por otra parte, la Comisión Permanente convocó a una sesión extraordinaria, en la cual el Pleno del Congreso de Puebla aprobará la Ley General para Erradicar la Discriminación.
