Activistas realizarán una marcha el 20 de septiembre en la Ciudad de México; en Puebla también habrá manifestaciones para evitar la instalación de minas a cielo abierto

 

Por Ilse Contreras 

La construcción de mineras, gasoductos, hidroeléctricas, entre otros proyectos considerados “de muerte" han causado afectaciones a la salud, como problemas en la vista, enfermedades respiratorias, de piel y hasta malformaciones por el consumo de agua con residuos de elementos tóxicos que desechan las empresas a los mantos acuíferos, ríos y lagos.

Lo anterior fue dado a conocer por el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), quien denunció que han detectado dos casos en Puebla, en concreto problemas en la salud de personas que viven en Ixtacamaxtitlán y en la comunidad de Payuca, en el municipio de Cuyoaco, debido a la actividad exploratoria de la empresa canadiense Almadens Mineral para la extracción de oro y por técnicas de fracking.

El dirigente de la organización, Oswaldo Villegas, indicó que los casos que han documentado se han dado principalmente en pobladores de la Sierra Nororiental, sin embargo precisó que respecto a las malformaciones, éstas se han presentado en el norte del país.

“La contaminación ha comenzado a generar problemas de vista y malformaciones en menores. Esto en el inicio de la minería a cielo abierto, ahora imagínense cuando comience la actividad más fuerte”, advirtió el activista.

Señaló que en el país, las empresas canadienses han sido las más beneficiadas con la entrega de hasta 70% de las concesiones otorgadas en territorio nacional, “envenenando el agua de pozos para consumo humano y fauna de las regiones”.

Ante ello, el Ficam anunció una movilización este 20 de septiembre en la Ciudad de México a fin de exigir se frene la instalación de minas a cielo abierto en Puebla, así como en 28 estados del país; en la entidad también habrá actividades en la Sierra Nororiental, Norte, Libres-Oriental y en el Valle de Tehuacán.

Oswaldo Villegas exigió a los gobiernos estatal y federal que antes de que se lleve a cabo cualquier proyecto que explote los recursos naturales de los pueblos originarios, éstos deben ser consultados como dicta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y como se ha venido impulsando en la Ley para Consulta a los Pueblos Indígenas, misma que ya fue entregada a la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La ley está armada, sólo falta ser impulsada. La iniciativa ya fue entregada a la relatora de la ONU”, resaltó el dirigente del Ficam.

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