Por: Mario Galeana / @MarioGaleana_
Foto: Ramón Sienra / Agencia EsImagen
Hasta con 10 años de prisión se sancionará a los servidores públicos que tengan conocimiento de actos de corrupción y no den parte a la autoridad correspondiente, de acuerdo con una iniciativa presentada por el gobernador José Antonio Gali Fayad.
La propuesta, que se inscribe en la operación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), señala que cuando los casos involucren a funcionarios dedicados a la seguridad pública, la pena máxima aumentará a 13 años de cárcel.
Las reformas al Código Penal del estado plantean también que los bienes de todos los funcionarios —incluidos sus cónyuges y dependientes económicos— serán computados. Quienes no puedan acreditar la “legítima procedencia” de ellos, se les impondrá una pena de dos a 11 años de prisión y se procederá a su decomiso.
La propuesta de reforma para el artículo 437 añade que cualquier funcionario que sea procesado por delitos relacionados a la corrupción no podrá ocupar un cargo público ni competir en licitaciones por entre dos y 20 años. El castigo depende del monto al que ascienda la afectación causada.
El abandono injustificado de cualquier cargo público es, en la propuesta que Gali Fayad presentó al Congreso de Puebla el pasado 6 de septiembre, un hecho que se inserta en actos de corrupción. En este caso, se plantea un castigo de tres meses a siete años de cárcel.
La misma sanción aplica para quien “rinda informes en los que se manifiesten hechos falsos o niegue la verdad en todo o parte sobre los mismos”.
ALISTAN CONVOCATORIA
En otro tema, este 12 de septiembre se lanzará la convocatoria para quienes deseen formar parte del Comité de Participación Ciudadana del SEA.
De acuerdo con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, José Quintana Gómez, se privilegiará que los integrantes sean perfiles ciudadanos “totalmente independientes”.
El empresario, que forma parte de la comisión que designará al Comité de Participación Ciudadana, garantizó que los seleccionados no tendrán vínculos partidistas, sea a nivel local o federal.
Hay otros cuatro industriales y cuatro rectores más que forman parte de esta comisión. Ellos fueron elegidos mediante el voto de los diputados locales.
En tanto, el Comité de Participación Ciudadana será enlace entre organizaciones sociales y académicas que tengan interés en participar en el sistema anticorrupción local. La importancia de este organismo radica en que tendrá acceso directo a los expedientes que genere el combate a este delito.