Por Osvaldo Valencia
A un mes del homicidio de Mariana Fuentes Soto, estudiante de Derecho de la BUAP, las autoridades aún no dan con el paradero del asesino material de la joven.
Sin embargo, en entrevista, el rector Alfonso Esparza Ortiz dijo que de acuerdo con la información que les ha dado la Fiscalía General del Estado (FGE) hay elementos suficientes para asegurar que el detenido, José de Jesús N., es culpable de la muerte de la universitaria.
“Para nosotros fue una investigación muy profesional, muy expedita la que se llevó a cabo (…) Nos informan que siguen tras la pista del que está prófugo y que hay elementos suficientes para tener la certeza de que fueron ellos los que cometieron este crimen espantoso”, declaró Esparza Ortiz.
Reconoció el trabajo tanto del gobernador José Antonio Gali Fayad como del fiscal General, Víctor Carrancá Bourget, por solucionar lo acontecido la noche del 30 de septiembre.
Participarán en campaña de prevención de gobierno
Esparza Ortiz afirmó que como institución, la máxima casa de estudios del estado seguirá colaborando con las autoridades en los temas de prevención del delito.
“Hay temas que solamente tienen que ser resueltos a través de campañas de prevención, apoyo de los propios compañeros, académicos y de lo que la institución, en su caso, pueda aportar”, declaró el rector.
Agregó que la universidad buscará incidir con la parte cívica de responsabilidad social para alcanzar la equidad y el respeto que se desea para la mujer.
En este sentido, Esparza Ortiz señaló que alrededor de 40 universitarios buscarán integrase como brigadistas a la estrategia del gobierno estatal De una vez por todas.
“Estamos en el tema de la logística porque también buscamos la seguridad de quienes participen en este programa, para que puedan tener la capacitación y todos los elementos a su alcance, con el fin de que realmente sea exitosa esta participación”, dijo.
El programa de la estrategia gubernamental en el cual participarán los universitarios como brigadistas es la de Freno al Acoso, el cual consiste en denunciar los casos de este tipo de agresiones en las unidades del transporte público.