Por: Guadalupe Juárez
Para la reconstrucción de las viviendas afectadas, el gobierno del estado y la Federación erogarán mil 254 millones de pesos, monto que se podría ampliar pues analizan que el apoyo para las casas con daño parcial sea mayor.
Al presentar el Censo de Viviendas Dañadas por el Sismo 19-S y Proceso de Reconstrucción, el subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, informó que de los 112 municipios con declaratoria de emergencia, sólo en 106 detectaron afectaciones en las viviendas de la entidad poblana.
En estas demarcaciones identificaron 28 mil 371 viviendas, de las cuales 5 mil 744 corresponden a daño total.
Lastiri Quirós explicó que aunque el Fondo de Desastres Naturales contempla tres tipos de daños en las casas: menor, parcial y total, por las condiciones de las afectaciones en Puebla determinaron clasificar las casas de daño menor a daño parcial, de forma que los damnificados reciban más recursos para la reconstrucción de sus casas.
Respecto a estos apoyos económicos informó que para las personas cuya casa sufrió daño total recibirán 120 mil pesos, de los cuales 90 mil son recursos federales y 30 mil estatales, monto que otorgarán a través de tarjetas de Bansefi.
En cuanto a los de daños parciales, el gobierno estatal les otorgará 10 mil pesos y el gobierno federal analiza cuánto dará de apoyo a los afectados en este rubro.
En este aspecto, el funcionario federal destacó que Puebla es el único estado en el país que aportará dinero para la reconstrucción de viviendas.
Para el proceso de reconstrucción los afectados tendrán tres opciones: la primera, la de autoconstrucción tradicional técnica, la segunda por medio de agencias productivas de vivienda certificada, quienes son especialistas en la materia y como tercera opción la combinación de ambas.
La única condición es que los encargados de las reparaciones y construcción de casas sean especialistas y no improvisados.
Los encargados de la supervisión de dichas acciones serán la Sedatu, la Sedeso, la Contraloría del estado –apoyados de Contraloría social– y la Secretaría de la Función Pública.