Al eliminar la prisión preventiva, permiten la liberación expedita y reiterada, lo han bautizado como la “puerta giratoria”; más de tres mil reos han obtenido su libertad desde que entró en vigor en junio de 2016
Por Mario Galeana
Los gobiernos locales han apodado al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) como la “puerta giratoria” de la cárcel, porque con el nuevo entramado jurídico entrar y salir de ella es igual de fácil.
Pero la metáfora olvida que, en cuatro de cada cinco detenciones, la liberación de los implicados ha sido causada por fallas de las autoridades. El apodo se debe a que, desde que el nuevo sistema entró en vigor, exactamente el 18 de junio de 2016, han sido liberadas al menos tres mil 600 personas que cometieron delitos, pero que lograron conciliar y reparar el daño a sus víctimas.
La queja más profunda de los gobiernos municipales y de la administración estatal es que al eliminar la figura de prisión preventiva, el nuevo sistema permite la liberación expedita y reiterada de personas que cometieron delitos menores.
Pero el Ministerio Público y las carpetas de investigación que integra la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido, en buena medida, factores que permitieron la liberación otorgada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a esos más de tres mil reos.
El año pasado las instancias de administración de justicia en Puebla destacaron por sus yerros, según un informe elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC). Puebla tuvo el tercer indicador más bajo en cuanto a la legalidad de las detenciones que se realizaron. Los fallos generaron un resultado peor para el estado: menos de 20% de los detenidos pudo ser vinculado a proceso, de acuerdo con el informe Hallazgos 2016: Seguimiento y Eva luación de la Operación del Sistema Penal de Justicia en México.
“En Puebla, Michoacán y Guerrero se observan niveles bajos de control de la legalidad, que fluctúan entre 15 y 20%. Los datos de los tribunales ponen de manifiesto la presencia de prácticas poco efectivas que están impidiendo que se continúe con el proceso. Las razones para que esto ocurra pueden ser variadas: desde la falta de cuidado por parte de los responsables de hacer la detención, hasta la omisión del ministerio público para garantizar el debido pro - en caída libre ceso, a partir de que el detenido está bajo su responsabilidad”, dice.
IMPUNIDAD, RECURSOS Y JUSTICIA
Puebla es uno de los seis estados con “alto grado” de impunidad, además de que posee la menor cantidad de jueces (1.5 por cada 100 mil habitantes), de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2016.
En febrero del año pasado, cuan - do los resultados de este informe se hicieron públicos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, dijo que la transición al NSJPA permitiría jui cios “más ágiles y transparentes”, lo que disminuiría la impunidad. Y el cálculo fue atinado.
Pero sólo a medias, porque aunque los juicios son más ágiles, la impunidad no ha disminuido. La molestia que se tiene en contra del sistema no podría entenderse sin la capacidad de recursos que poseen las instituciones que lo aplican.
El Poder Judicial, por ejemplo, recibió 475 millones 327 mil 283 pesos para aplicar este año, pero es tan sólo poco más de lo que costará la política en 2017: 203 millones 107 mil 535.16 pesos repartidos entre 10 partidos políticos, locales y nacionales.
Los recursos del Poder Judicial representan apenas 0.7% del pre - supuesto total que ejercerá Puebla en 2017. “El propio Tribunal (Superior de Justicia) tiene uno de los presupues - tos más bajos a nivel nacional”, dice el diputado federal Víctor Manuel Giorgana Jiménez.
“Para poder estar a la altura de lo que demanda el nuevo sistema Pue bla requeriría aproximadamente 42 jueces para desahogar los procesos. Hoy sólo tiene 13”, agrega. Sí. Se requieren más recursos.
Y, sin embargo, Puebla fue la octava entidad en recibir más recursos para la puesta en marcha del NSJPA. Entre 2014 y 2016, de acuerdo con el CIDAC, Puebla contó con 592 millones de pesos para su imple mentación. En total, las administraciones estatales y el gobierno federal ejercieron 14 mil 758 millones de pesos en tres años.