La propuesta enviada al Congreso del Estado abona a mejorar las condiciones para los usuarios del servicio
Por Guadalupe Juárez
La reforma a la Ley del Transporte enviada por el gobernador José Antonio Gali Fayad al Congreso local obligará a las unidades de las empresas como Uber y Cabify a portar un holograma que conectará al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).
La iniciativa del mandatario estatal fue presentada este miércoles ante el pleno y turnada a la Comisión de Transporte para su análisis.
Las consecuencias de no aplicar las nuevas disposiciones son firmes: la sanción única consiste en el retiro del registro para operar en la entidad poblana, pues se advierte que habrá “cero tolerancia” contra quienes infrinjan la ley, pero también no los dejarán operar si hay algún tema de “interés público”.
De acuerdo con el diputado Leobardo Soto Martínez, a la propuesta del gobierno sólo le agregarán que las unidades de las empresas de redes de transporte peguen un holograma, el cual es el equivalente al tarjetón solicitado a un taxista e incluye los datos del conductor del servicio ejecutivo.
Esa y las demás acciones, opinó, garantizan piso parejo entre los taxis y las aplicaciones, lo cual además significa un hecho inédito en el país, el cual espera repliquen las demás entidades, con el fin de garantizar la seguridad del usuario.
Se trata de la modificación del tercer párrafo de los artículos 2, 4, 10. 12 bis, 36 bis, 45, 55, 85, 85 bis y 92 quáter de dicha ley.
Los cambios
Las principales obligaciones de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) consisten en ser más estrictos en la contratación de sus conductores, a quienes les solicitarán de forma obligatoria la Carta de No Antecedentes Penales actualizada cada seis meses.
De igual manera, les pedirán como requisito contar con licencia de conducir del transporte público y mercantil, además de someterse a una investigación en todas las bases de datos multi jurisdiccionales disponibles.
A eso se suma que deben tener una constancia con la cual acrediten haber sido capacitados por alguna institución oficial del estado en temas de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos.
En su proceso de contratación serán sometidos a exámenes toxicológicos, psicológicos, psicométricos e investigación socioeconómica; de lo contrario, no podrán registrarlos como prestadores del servicio.
Asimismo, las ERT sólo aceptarán pagos electrónicos, contar con un listado de sus conductores y socios con fotografía y datos personales, el cual actualizarán y entregarán cada mes a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT).
También deberán otorgar en todo momento a las autoridades el acceso a las aplicaciones utilizadas para prestar su servicio, a los sistemas de posicionamiento global y todas las plataformas utilizadas, con el objetivo de vigilar a los conductores.
Otra medida es permitir a la SIMT verificar el número de viajes realizados por cada unidad y el importe que cobraron por cada uno.
Obligados a otorgar datos del conductor y la unidad
Aunque las aplicaciones contemplaban otorgar información del viaje, el conductor y la unidad del servicio que prestaban, ahora se convertiría en una obligación para estas empresas, las cuales con esta reforma están obligadas a brindar al usuario el nombre de la persona que lo trasladará, su fotografía, el número de placa del vehículo, con la marca y el modelo, la tarifa y tiempo estimado de viaje.
Asimismo, les piden informar de la hora de partida y llegada al lugar donde solicitaron el servicio.
Toda la información anterior tendrá que estar disponible dos años después de haber concluido el viaje y garantizar que los usuarios tengan acceso a estos datos.
De igual forma, la iniciativa propone que las ERT dispongan en sus aplicaciones la opción de compartir en tiempo real la información del viaje que realiza el usuario.
Los permisionarios también tendrán que realizar campañas informativas para prevenir la violencia de género, la discriminación o violación de derechos humanos, además de que cumplirán en tiempo y forma con sus contribuciones y aportaciones obligadas.
Dentro de las disposiciones, indican que la alteración de la información otorgada tendrá como consecuencia la baja del registro para brindar el servicio ejecutivo.
Otras propuestas
En tanto, Geraldine González Cervantes, diputada del Verde Ecologista, propuso en su propia iniciativa que el cobro de las empresas de redes de transporte se realice en efectivo, la cual también presentó ayer en el Congreso, pues esto –dijo– abonaría a la seguridad de los usuarios.
En su propuesta agrega que en las aplicaciones se incluya un botón de alertamiento, el cual esté conectado a los centros de control, para que acudan en caso de que el usuario sienta que esté en peligro o se presente alguna otra situación de acoso, ilícito o percance.
Insistió en que se contemple la posibilidad de obligar a las empresas de servicio ejecutivo para que usen vehículos conducidos por mujeres y para trasladar sólo a mujeres, algo similar a propuestas de gestiones pasadas con taxis y unidades del transporte público.