En caso de que el ex funcionario marinista no atienda la multa por daño patrimonial, el juez podría ordenar su reingreso a la cárcel
Por Mario Galeana
El Congreso de Puebla dejó firme la sanción económica por mil 723 millones 743 mil 143.64 pesos y 12 años de inhabilitación de cualquier cargo público contra José Alfredo Arango García, ex secretario de Salud durante la administración de Mario Marín Torres.
Por unanimidad, los diputados locales reiteraron el daño patrimonial de 861 millones 871 mil 571.82 pesos cometidos por el ex funcionario estatal durante 2010.
En agosto del año pasado, Arango García presentó un recurso de revocación en contra del castigo impuesto por el Congreso local. Originalmente, el Poder Legislativo había fincado al ex secretario estatal una multa de 13 mil 317 millones de pesos.
Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Jorge Aguilar Chedraui, indicó que Arango García “sigue siendo tan culpable como lo fue de origen”.
“Hablamos de cantidades estratosféricas, de cientos de miles de millones de pesos. Arango tiene un proceso que lleva años litigando, y a partir de este recurso que él promueve, el Congreso ratificó que sus sanciones siguen firmes”, dijo ayer en entrevista.
El ex funcionario estatal fue el único servidor público del marinismo que llegó a la cárcel por posibles actos de corrupción. De hecho, su detención fue anunciada por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle como una muestra de que en su administración “no habrá impunidad”.
El 12 de enero de 2012 Arango García ingresó al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla. La Policía Ministerial también realizó la incautación de bienes por 79 millones de pesos.
Sin embargo, el juez Octavo en Materia Penal condicionó su estadía en prisión por un pago de fianza de cuatro millones de pesos. Así, en diciembre de 2013, Arango García abandonó la prisión.
En caso de que el ex funcionario no atienda la sanción ratificada ayer por el Congreso local, un juez podría ordenar su reingreso a la cárcel.