Por Guadalupe Juárez
El ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, admitió que perdió uno de dos amparos federales que interpuso para evitar su inhabilitación por 12 años como servidor público y una multa de 25.5 millones de pesos por anomalías en su cuenta pública de 2013.
El ex munícipe confirmó que el juez Tercero de Distrito de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y Juicios Federales determinó sobreseer el juicio 553/2017 presentado en contra del Congreso local y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Sin embargo, arguyó –a través de un comunicado– que sigue en posibilidades de participar en el proceso electoral de 2018 y que la autoridad federal concluyó que sí vulneraron sus derechos constitucionales, lo cual será analizado –dijo– en el segundo juicio 943/2017, proceso donde logró la suspensión definitiva para que su nombre no apareciera en la lista de Servidores Públicos Sancionados.
Desde el pasado 11 de septiembre el Consejo de la Judicatura hizo pública la resolución del amparo 553/2017, el cual el panista calificó como información poco precisa, pues aseguró que aún no había recibido ninguna notificación.
“(...) Ese amparo no es en el que se estudian las violaciones de fondo, sino simplemente la negativa del Congreso del estado de emitir su resolución al procedimiento sancionador”, explicó.
Fue en marzo pasado cuando Rivera Pérez solicitó el amparo 553/17 en contra del Congreso local y de la ASE respecto a los plazos y tiempos cuando fue notificado sobre el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por su cuenta pública 2013.
La decisión del juzgado dejó sin efecto la queja de Eduardo Rivera y determinó la correcta actuación tanto del Congreso local y la ASE, así como que el procedimiento se desarrolló conforme a la ley.
Rivera Pérez explicó en esa ocasión que el pasado 20 de enero se presentó a una audiencia en la ASE, momento a partir del cual empezó a correr un plazo de 30 días hábiles para que el Congreso local dictaminara su cuenta pública 2013, el cual venció y nunca fue notificado oficialmente, por ello recurrió al Poder Judicial de la Federación.