Ante la prohibición del cobro en efectivo, aprobada en la reforma a la Ley del Transporte, la empresa lanzó una nueva modalidad
Por Mario Galeana
Uber ha lanzado a la venta tarjetas de prepago en Puebla ante la prohibición del cobro en efectivo del servicio que el Congreso local incluyó en el paquete de reformas a la Ley del Transporte en las que también se endurecieron los protocolos de seguridad en la contratación de conductores de la empresa.
Las tarjetas de prepago se distribuyen en tiendas de autoservicio y son recargables por hasta cinco mil pesos, de acuerdo con publicidad que Uber ha insertado en redes sociales.
Uber ingresó al mercado con este tipo de tarjetas recargables desde octubre del año pasado, pero sólo se distribuían en la Ciudad de México. Su lanzamiento en Puebla ocurre tras la prohibición del cobro en efectivo que los diputados aprobaron el pasado 30 de octubre.
La eliminación de esta modalidad fue catalogada por la empresa como una medida discriminatoria, pues arguyó que 250 mil usuarios habían elegido esta forma de pago.
“Los usuarios perderían acceso a una opción eficiente de transporte en su ciudad, lo que los convertiría en una población discriminada por no tener acceso a medios bancarios de pago”, reprochó la empresa en un comunicado donde también amenazó con retirarse de Puebla si se cumplía la prohibición.
Pero la advertencia no surtió efecto y el Congreso local aprobó las nuevas medidas propuestas por el gobernador José Antonio Gali Fayad.
Consultados al respecto, varios conductores de Uber dijeron que la empresa les ha permitido cobrar en efectivo por lo que resta del año.
El paquete de modificaciones a la Ley del Transporte también obligará al resto de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) que funcionan mediante aplicaciones en dispositivos móviles a presentar ante el Centro de Control, Coordinación, Comando y Cómputo (C5) una carta de no antecedentes penales, pruebas psicológicas y toxicológicas, e incluso un diagnóstico socioeconómico.
Las empresas también tendrán que entregar mensualmente al gobierno del estado su padrón de conductores. De no hacerlo, según la reforma de ley, se podrá cancelar su servicio.