A la lideresa de uno de los cárteles de la droga en Cancún se le vinculó con lo que resguardaban algunas de las mil 500 cajas de seguridad que la SEIDO le incautó a la empresa First National Security
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
“El robo del siglo”, como lo bautizaron los afectados, tiene conexión Puebla-Cancún.
En Cancún están personas que se dicen agraviadas por la PGR. En Puebla está presa desde agosto pasado Leticia Rodríguez, Doña Lety, la mujer que originó la cuestionada acción de la Procuraduría General de la República en la empresa del sur del país First Nacional Security.
¿Qué busca la PGR en mil 500 cajas de seguridad? ¿Qué escondía Doña Lety en las cajas que rentó a First National Security?
Con el paso de los días empezaron a salir datos. Notas periodísticas reportan que encontraron tarjetas bancarias para clonar, dinero, joyas, y presuntamente “la joya de la corona”: documentos que ligan a funcionarios del gobierno de Roberto Borge con Doña Lety, considerada por la PGR como lideresa del cartel de drogas que operaba en Cancún.
Pero más allá de lo encontrado o lo que buscan; los afectados, abogados y hasta el dueño de la empresa no cuestionan la investigación y, sin embargo, reprochan la manera de proceder de la autoridad.
Desglosan cómo debió proceder la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) conforme al “debido proceso”: Aseguras un inmueble comercial, llamas al dueño de la empresa y lo citas a declarar (lo cual no ha sucedido), le pides los documentos o contratos de quiénes tienen rentada una caja de seguridad, llamas a esas personas a comparecer ante el MP, empiezas a deslindar responsabilidades, nombres, te quedas sólo con aquellos de los que generen dudas en el contenido y origen de lo que guardan en las cajas. Nada de eso ha sucedido.
La historia empezó el 9 de octubre pero estalló hasta el viernes 27 cuando la SEIDO decidió incautar el total de las cajas de seguridad.
¿Por qué el dueño de la empresa guardó silencio 18 días? ¿Qué pasó los días anteriores? ¿Qué hizo que ya no fueran sólo cuatro cajas sino que aseguraran todas? Hay muchas preguntas y pocas respuestas. La versión de la PGR pasó de escueta a ambigua.
La desinformación de la autoridad dio paso a la rumorología: ya empezaron a abrir las cajas, ya las abrieron todas, ya se las llevaron, entre muchas otras versiones.
Para evitar el traslado y la apertura de las cajas de seguridad sin la presencia de los afectados, el mismo viernes empezaron a tramitarse amparos.
Más de una decena se han interpuesto, muchos aluden al número de averiguación previa que termina con “pue” las siglas que identifican a Puebla.
Uno de esos amparos se presentó de manera colectiva. El lunes 30 de octubre, el juez séptimo de Distrito, con sede en Cancún, Quintana Roo, otorgó una suspensión provisional a cinco afectados encabezados por la italiana Antonietta Diletti, para evitar que la PGR abra o traslade a la Ciudad de México las mil 500 cajas de seguridad que fueron aseguradas.
El razonamiento judicial es enfático: “Se concede la suspensión provisional para el efecto de que no sean abiertas las cajas de seguridad ni se trasladen a diverso lugar del que se encuentran, pues de hacerlo, al no existir en este tipo de contratos un inventario de los bienes contenidos en las cajas, se corre el riesgo de que al abrirlas los objetos se pierdan y no se pueda saber lo que las cajas contenían, tornándose irreparable la violación reclamada”.
Sin embargo, el martes 31, la comisión de afectados que viajó a la Ciudad de México para reunirse con autoridades de la SEIDO informaron por mensaje de Whatsapp al resto de los arrendatarios que la PGR insistía en trasladar las cajas de seguridad y que además tendrían que acreditar todo lo que tengan con facturas, testimonios e información de ingresos.
De acuerdo con el mensaje enviado por dicha comisión, reenviado a este reportero, la PGR les informó que en dos o tres semanas terminarían de abrir e inventariar las mil 500 cajas de seguridad.
La empresa First National Security (FNS) es propiedad de Santiago Ancona Teigell, empresario sumamente conocido en Cancún, miembro distinguido del Club de Rotarios y presidente de la Comisión Anti corrupción de la Coparmex.
Al principio, Ancona estuvo muy activo en redes sociales. Desde hace una semana ya no contesta el teléfono.
El martes pasado entrevisté a Alfredo Cuéllar, abogado de la empresa FNS. Esto es parte de lo que me dijo:
“¿El señor Ancona ya declaró ante el MP?”, pregunté. “Nada, absolutamente nada. A él, hasta ahorita no lo han citado”, contestó el abogado.
–¿Tiene suspensión para evitar ser detenido?
–Sí. Pero insisto, ese tipo de suspensiones tienen limitantes muy claras sobre el tipo de delitos que se persiga, no sabemos qué delito se está persiguiendo, estamos esperando información de la autoridad para saber qué dice la carpeta de investigación.
–Pero, ¿quiénes son los clientes que rentaron las cajas de seguridad aseguradas?
–Políticos, empresarios, notarios, el obispo de Cancún, ciudadanos extranjeros y diplomáticos. Prácticamente toda la sociedad cancunense tenía una caja de seguridad ahí. La mayoría de las personas afectadas no somos imputados de algún delito o no sabemos que se nos investigue por algún delito, me dijo Francisco Simán, uno de los abogados más conocidos de Cancún, quien tiene arrendada una caja de seguridad.
Hoy ya se sabe que la investigación tiene que ver con Doña Lety. Al principio se mencionó que era contra el ex gobernador Roberto Borge, por eso le pregunté al abogado de First National Security sobre quiénes son los clientes de la empresa, que si sabían que esos personajes (Borge y Doña Lety) tenían rentada una o varias cajas de seguridad y esto dijo Alfredo Cuéllar:
“El ingeniero Ancona no conoce a la mayor parte de los usuarios.Era el director del negocio pero no tenía contacto con los usuarios”.
El aseguramiento de la empresa que rentaba las cajas de seguridad tiene daños colaterales: la actividad comercial de la zona donde se ubica FNS está paralizada, los usuarios de cajas de seguridad de otras empresas, y de la misma FNS en otras ciudades como Mérida, corrieron a sacar sus cosas.
El viernes pasado, en una entrevista con Radio Fórmula Quintana Roo, el fiscal de la SEIDO, Israel Lira, dijo que ese mismo día podrían empezar a devolver las cosas.
Pero lo mejor fue la declaración que le dio a Joaquín López Dóriga, sobre cómo comprobar que el origen de ese dinero o bienes son lícitos:
“No es una investigación al azar. Lo podrido huele a podrido”.
