Convertido en pueblos fantasma debido a la violencia; el problema del desplazamiento forzado no ha sido atacado por los gobiernos
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
Casas quemadas, abandonadas, saqueadas. La escuela cerrada. La tienda del pueblo con candado. Y en medio de ese panorama de desolación están ellos: los que salieron huyendo para poner a salvo su vida.
En Sinaloa hay 89 comunidades que se volvieron pueblos fantasma en los últimos dos años, a causa de la violencia, según datos de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
El gobierno de ese estado reconoce que este año, ese fenómeno de los pueblos fantasma ocurrió en cinco comunidades del municipio de Concordia, en el sur de la entidad. En julio pasado El Batel, Las Juntas, Las Charcas, Pánuco y El Encinal fueron abandonados y tres meses después siguen así.
Los pueblos fantasma de Sinaloa se concentran en nueve municipios, es decir, un promedio de 10 comunidades por ayuntamiento.
El problema es que en Sinaloa gobiernos van, gobiernos pasan y no logran, o no quieren, controlar el desplazamiento forzado interno. No han sido capaces de brindar seguridad a los pobladores de la Sierra para que no tengan que dejar sus casas, sus tierras, sus trabajos; no han podido evitar que se conviertan en los desterrados.
Sinaloa es uno de los tres principales estados del país que registra el mayor número de desplazamientos masivos en los últimos 10 años a causa de la violencia. Forma parte del triángulo dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua). La CMDPDH revela que 51.36% de las víctimas de esta zona son de Sinaloa.
A nivel nacional ocupa los primeros lugares junto con Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Entre 2009 y 2016 se registraron 35 episodios de desplazamientos masivos. La CMDPDH dice que son 17 mil 469 los sinaloenses desplazados.
La gente sale dejando todo a su suerte: casa, tierras y animales.
“Toda la gente nos salimos por el miedo, por la delincuencia que aumentó más y más hasta que Pánuco quedó solo, totalmente un pueblo fantasma”, me contó Gloria, una habitante de Pánuco, Sinaloa, quien en julio pasado salió de su pueblo con lo que traía puesto.
Fueron amenazados por el crimen organizado. Les dieron 24 horas para desalojar el pueblo y preservar su vida.
Las amenazas se extendieron a las fuentes de trabajo de la región. Ocho empresas mineras de Pánuco que generaban 200 empleos también se vieron obligadas a cerrar.
“Se nos avisó que teníamos que salir, teníamos que dejar el rancho... si no seguíamos nosotros...Hubo muchísimas muertes ahí, en mi mismo rancho fueron ocho personas en un solo acto que fueron privadas de su libertad, degolladas”, me narró Karen, otra desplazada que se tuvo que refugiar en Mazatlán.
El desplazamiento por la violencia este año en Sinaloa empezó en febrero pasado cuando fue recapturado Joaquín El Chapo Guzmán. Con el paso de los días se calmó la situación pero a los pocos meses se volvió a recrudecer el problema.
En 2017, el desplazamiento masivo se ha producido en el sur de Sinaloa, por eso la mayoría se ha ido a Mazatlán, la ciudad donde creen que pueden encontrar empleos por ser la más grande de la región.
El gobierno de Sinaloa asegura que atiende el problema con distintos programas de ayuda como despensas, seguro popular y vivienda. Sin embargo, no han creado condiciones de seguridad para que los desplazados retornen a sus comunidades.
La secretaria estatal de Desarrollo Social, Rosa Elena Millán, dice que les han buscado todos los apoyos a los desplazados.
“Se van a entregar paquetes escolares, apoyando en siembra de aguacate, limón, manzana, melón, lo que se da en la Sierra. Aquí los más importante es que la gente, por un lado, tenga la seguridad de que no van a ser violentados sus derechos por la delincuencia organizada”, me dijo la funcionaria.
Pero los desplazados dicen lo contrario sobre las condiciones de seguridad que según el gobierno estatal presume haber dado.
“Lo han prometido pero no lo han cumplido. Por ejemplo, en mi pueblo se dijo, se dio el anuncio en redes sociales de que ya estaba fija una base estatal o militar, para que regresáramos, cosa que hasta la fecha no ha sido posible”, me contó Karen, quien lleva más de tres meses sin poder regresar a su casa.
El 14 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)emitió una recomendación al gobierno de Sinaloa, en la cual señala que la autoridad fue omisa para atender el tema de los desplazados.
El documento se originó ante la queja presentada por dos desplazadas defensoras de derechos humanos, quienes en 2014 fueron amenazadas de muerte, entre ellas Esperanza Hernández.
Esperanza es una activista oriunda de Ocuragüe, comunidad ubicada en el llamado triángulo dorado. Un pueblo que en 2012 se quedó vacío.
La disputa por el territorio entre dos cárteles de la droga hizo que Ocuragüe se volviera un pueblo fantasma. Para llegar a Ocuragüe hay que pasar por Badiraguato, el pueblo donde nació Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán.
Se transita por caminos estrechos de terracería y veredas llenas de lodo. En 2015 conseguí llegar a Ocuragüe. Para poder viajar a la Sierra de Sinaloa hay que solicitar permiso a los comuneros y pasar varios filtros de seguridad, según vas subiendo. Hasta las autoridades deben avisar que van a ir a entregar apoyos para que los dejen pasar sin problemas.
Son ocho horas en camioneta de Culiacán a Ocuragüe. Hay que llevar provisiones de alimentos y gasolina en bidones porque la única gasolinera que hay en el camino luego no tiene combustible. Eso sucede en el norte de Sinaloa.
Del otro lado, en el sur, la cosa no es tan diferente.
Roque y su familia dejaron su tierra, animales y casa para refugiarse en una choza de madera ubicada en una colonia irregular de la sindicatura Villa Unión, ubicada a 30 minutos de Mazatlán.
Roque, un adulto mayor, me contó que el crimen organizado les exigía dinero, tres mil 500 pesos mensuales, a cambio de dejarlos trabajar sus tierras.
El asesinato de un vecino y las amenazas a los pobladores los obligaron a salir de Chirimoyo, la comunidad donde vivía. Él y su esposa consiguieron empleo en los campos agrícolas de Mazatlán, donde trabajan 10 horas al día y ganan 200 pesos diarios.
Buscó apoyo del presidente municipal de Concordia, donde pertenece su comunidad, pero todo se ha quedado en promesas.
“El compromiso de él fue: ‘vamos a echarle ganas, vamos a resolver el problema, vamos a solicitar el apoyo de la autoridad, de seguridad del estado’. Pasó una semana, parecía que había atención, parecía pero en realidad nunca hubo”, narró Roque.
Sobre la recomendación de la CNDH, el gobierno de Sinaloa dijo que la reciben con responsabilidad, pero se lavan las manos y enfatizan que se trata de hechos ocurridos en la administración anterior, encabezada por Mario López Valdéz Malova.
En la recomendación, la CNDH solicita al gobierno del estado que presente una iniciativa de ley para tipificar como delito la conducta de quienes ocasionen el desplazamiento forzado. Habrá que ver si lo hacen.
Desde el 2012, se han presentado cuatro iniciativas de ley en el Senado y la Cámara de Diputados pero no han prosperado.
Han pasado cinco años de esas propuestas y sólo hay dos lecturas: o no les interesan los desplazados por la violencia o legislar es reconocer oficial y legalmente que el problema existe y eso les genera consecuencias institucionales al Estado.