Ilse Contreras
De 1993 a 2015 la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla ha recibido 203 mil 562 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a derechos humanos; sin embargo, sólo 16.79% de los casos se abrieron como expedientes de quejas, es decir, 34 mil 182.
Lo anterior, de acuerdo con el artículo La Simulación en el Cumplimiento de las Recomendaciones. El Caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, México, 1993-2015, escrito por Óscar Nicasio Lagunes López, investigador de la BUAP, y publicado en la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos.
De los hechos violatorios señalados en las recomendaciones hasta 2011, los más comunes fueron la privación a la libertad personal, con 462 casos; maltrato, lesiones y los golpes con 187 quejas,así como cobro indebido, con 117 incidencias registradas.
El procedimiento
Las solicitudes de intervención son remitidas a las dependencias correspondientes de los gobiernos estatal y municipal, con el fin de abrir un expediente de investigación, acreditar con base en los hechos si se trata de una violación de derechos humanos y, de ser el caso, atender la recomendación emitida por la CDH.
La autoridad que más recibió recomendaciones durante el periodo 1993-2015 fue la Procuraduría de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General); por el contrario, el Ejecutivo estatal, la Secretaría General de Gobierno y la Contraloría General no recibieron recomendaciones.
No obstante, la CDH no especifica qué autoridades violaron derechos humanos de acuerdo con las recomendaciones, sólo a las quejas, entre las que están el Ministerio Público, la Dirección General de Ceresos, la Policía Ministerial, la SEP y policías municipales.
El punto flaco
El informe destaca que el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones son de las acciones centrales de las comisiones de Derechos Humanos en México.
“Sin embargo, ningún informe anual de actividades de la Comisión poblana contiene la descripción del modo en que fueron cumplidas las recomendaciones, lo cual representa una omisión sumamente grave, puesto que excluye la información más relevante de las recomendaciones que fueron cumplidas: la reparación de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas por las autoridades públicas”, señala Lagunes López.