La Comisión de Derechos Humanos de Guerrero dijo que el personal médico y de enfermería debe estar certificado, tras la muerte de un menor por la aplicación de quimioterapias de dudosa calidad
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
Personal médico y de enfermería deben entregar copia de la certificación y recertificación de los Consejos de Especialidades Médicas, con la finalidad de que demuestren que tienen la actualización, experiencia, conocimientos y habilidades suficientes para brindar un servicio adecuado y de calidad a las personas. Lo anterior forma parte de los planteamientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero que fueron emitidos la semana pasada.
La recomendación se deriva por una queja que fue presentada por los padres de un niño de siete meses de edad que falleció en el Iecan en agosto del año pasado, caso que se informó aquí en 24 Horas Puebla.
La aplicación de quimioterapias de dudosa calidad y fórmula alterada fue uno de los temas que este año causaron revuelo.
En Traspatio del 16 de mayo narré lo que había ocurrido en el Instituto Estatal de Cancerología:
“En agosto de 2016, en dicho instituto se aplicaron quimioterapias sin registro sanitario que causaron la muerte de un niño, pusieron en riesgo la vida de otros cuatro menores, así como la de una mujer adulta.
“El oncólogo Marcelino Gaytán Ángel y la jefa de oncopediatría, Ana Bertha Rivera Ramírez, alertaron por escrito a la dirección del Iecan que los medicamentos de los nuevos laboratorios no estaban haciendo efectos positivos a los pacientes, por el contrario, no mostraban ni un ápice de mejoría.
En agosto de 2016, en el Iecan de Guerrero, murió el niño Carlos Mateo Zúñiga Camargo, un menor que padecía histiocitosis, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta los tejidos, por la enfermedad empezó a recibir quimioterapias.
“Le aplicaron la sustancia llamada methotrexate de laboratorio Columbia, quimioterapia cuestionada por los médicos antes mencionados.
“Los primeros sietes tratamientos los toleró, fue en el octavo cuando empezó a presentar reacciones adversas.
“Una semana después del fallecimiento de Carlos Mateo, la jefa de oncopediatría del Instituto de Cancerología de Guerrero emitió un documento con carácter de oficial dirigido al director del instituto, Jorge Eblem Azar”.
Era el oficio que le comenté líneas arriba. Las autoridades del Iecan y de la Secretaría de Salud de Guerrero negaron una y otra vez que hubiesen aplicado esa quimioterapia, a pesar de que venía asentado en el expediente clínico del menor fallecido.
Los padres de Mateo emprendieron una batalla legal porque consideraron que hubo negligencia médica en la muerte de su hijo. Presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), organismo que, después de varios meses de investigar el caso, concluyó que ameritaba una recomendación dirigida al secretario estatal de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y al fiscal del estado, Xavier Olea Peláez.
El contenido de la recomendación describe la conducta de las autoridades del Iecan de Guerrero y esa actitud de negar lo innegable.
En el documento de la CEDH se indica que la jefa de onco-pediatría les dijo que el entonces director del Iecan, Jorge Eblem Azar, no le hizo caso al oficio emitido en agosto de 2016, el cual alertaba que las quimioterapias no estaban haciendo efecto.
El organismo de derechos humanos buscó la opinión de la Comisión Nacional de Arbitraje México (Conamed) y ésta emitió un punto de vista pero a solicitud de la autoridad sanitaria de Guerrero.
La Conamed determinó que hubo mala práctica en la atención médica al menor Mateo Zúñiga y que el personal de Cancerología no atendió de forma oportuna y precisa como lo establece la literatura de la especialidad.
Para la fecha en que la Conamed emitió su opinión ya habían cambiado al director del Instituto de Cancerología. Sin embargo, el nuevo titular fue más tajante en la forma de llevar el caso: le planteó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se abstuviera de seguir el tema porque ya había una queja de arbitraje en Conamed, por lo cual, la CEDH no era compatible en el asunto.
Otro tema que abordé en marzo, cuando le di a conocer el caso, fue sobre la formación del entonces director de Cancerología:
“Jorge Eblem Azar es ginecólogo. Hizo estudios de oncología en el Instituto de Cancerología de Guerrero, pero no tiene cédula que lo acredite como oncólogo, a pesar de que es un requisito de acuerdo con el decreto de creación del instituto”.
Él mismo lo aceptó: “La especialidad como tal es de tres años. La hice aquí... yo soy ginecólogo con cédula...como ginecólogo oncólogo todavía el instituto no lo ha podido avalar”.
La CEDH le preguntó a Eblem Azar sobre el tema y lo que hizo el entonces director fue mandar copia de todos sus títulos de médico general, de ginecólogo y el Diploma, (No Título), de Oncólogo, así como un dictamen jurídico de un despacho de abogados de Acapulco, en el cual refieren que Jorge Eblem cumple con los requisitos para ocupar el cargo de director del Iecan.
Le mandó los mismos documentos que me hicieron llegar a mí para demostrar que el director cumplía los requisitos. Sin embargo, no es oncólogo con cédula profesional, él mismo lo reconoció.
Cuando saqué el reportaje, el gobierno de Guerrero emitió un comunicado diciendo que el decreto dice que ser oncólogo para dirigir el Iecan es requisito optativo.
A los pocos días del reportaje, Jorge Eblem Azar renunció a la dirección del instituto.
No obstante, antes de irse, ya había despedido a personal que él consideró había filtrado el documento de la jefa de onco-pediatría, pero el caso más escandaloso fue que corrió a su directora de Comunicación Social.
Me enteré que la despidió porque no logró contener el reportaje y que la entrevista que él concedió no contuvo el escándalo y él había sido exhibido.
Le cuento que en un inicio el director no iba dar entrevista, solo la jefa de onco-pediatría, quien conocía el tema con toda precisión, fue la propuesta de la encargada de medios del Iecan y así lo acordamos.
Pero cuál iba a ser mi sorpresa, al otro día me llamaron para avisarme que el director daría una entrevista. Luego de la entrevista me “retuvo” una hora charlando para convencerme de que todo estaba bien. Ya para despedirnos, me acompañó al auto y cuando estaba por subir me soltó: “Trátanos bien”.
El reportaje salió con todo lo expuesto debidamente documentado. Se tuvieron todas las versiones: los afectados, la doctora que emitió el documento y las autoridades de salud y del instituto.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos siguió su investigación y el pasado 11 de diciembre emitió la recomendación 085/201, en la cual solicitó al secretario de Salud de Guerrero que los padres del menor Mateo Zúñiga sean inscritos en el Registro Estatal de Víctimas y se les otorgue una compensación, ya que hubo violación a la protección del derecho a la salud y la vida.
Asimismo, se pide que se les proporcione atención psicológica hasta la sanación psíquica y emocional por la pérdida de su hijo.
El motivo de la recomendación en síntesis fue: Omisiones que transgreden el derecho a la protección de la salud y proporcionar atención médica por un especialista.