La violencia del crimen organizado llegó a Baja California Sur; los habitantes viven con temor, no estaban acostumbrados a esa situación de violencia y pocos se atreven a hablar de lo que enfrentan
Traspatio
Por Luis Pavón / @pavonlui
La Paz ya no vive en paz. La capital de Baja California Sur ha visto trastocada su tranquilidad, ya que es la ciudad de esa entidad que registra el mayor número de homicidios.
Baja California Sur era uno de los estados donde hasta hace unos meses se presumía de ser seguro. La violencia que vive el país aún no llegaba a esa zona, sin embargo, actualmente se registran niveles de violencia
inusitada, sin precedentes.
En 2017, la tasa de homicidios, extorsiones y robo ubican a esa entidad en los tres primeros lugares a nivel nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sólo en octubre pasado se cometieron 98 homicidios intencionales lo cual, comparado con los 24 registrados en octubre de 2016, significa un incremento de 300%. Asimismo, los asesinatos dolosos de octubre pasado son una cifra récord para Baja California Sur, la más alta de los últimos años para esa demarcación.
Los sudcalifornianos viven con temor, no estaban acostumbrados a esa situación de violencia y pocos se atreven a hablar de lo que enfrentan. El asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho, cimbró a toda la
población.
Después de La Paz, Los Cabos, –sobre todo San José– es donde más homicidios dolosos se registran. Las calles céntricas lucen tranquilas.
“Ve las colonias y no verás ninguna patrulla”, me decían los pobladores de ambas ciudades en el reciente viaje que hice a esa zona. Pero ni en las calles de las colonias apartadas del centro ni en las del centro vi presencia policiaca.
Un ejemplo de la inseguridad fue lo que hizo el alcalde de La Paz. Cambió la sede de su informe de gobierno. Allá se acostumbra hacerlo en la explanada de la Presidencia Municipal, abierto a la gente. Pero como el miedo no anda en burro, lo trasladó a la Sala de Cabildos, con una reducida cantidad de invitados.
El procurador de Justicia de Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla, quien lleva viviendo en esa entidad el tiempo que lleva en el cargo, me dijo que la violencia que enfrentan es una situación preocupante pero no de alarma ya que los altos índices de homicidios no son exclusivos de esa entidad.
—¿A qué atribuye la violencia en la entidad? —le pregunté. Su respuesta fue: “A una guerra de grupos delictivos”.
—¿Quiénes se están peleando la plaza?
—Ahí sí no quisiera pisar esos terrenos. Como procuraduría nos toca investigar delitos del orden común y cuando aparecen datos sobre grupos delictivos, tenemos la obligación que la ley nos da de dejarlos a consideración o alcance de alguna autoridad que sea competente.
—Pero aparecieron unas mantas que firman: Teguripeños y Guzmanes, ¿usted no tiene nada qué decir de eso?
—Nosotros aquí, insisto, investigamos a personas en particular no a grupos —fueron sus respuestas.
Cabe mencionar, que Teguripeños y Guzmanes se atribuyeron en una cartulina la ejecución del ombusman y advirtieron al gobierno del estado que se alineara porque la limpia continuaría.
La presidenta del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de Baja California Sur, Silvia Lupián Durán, me confesó que las autoridades estatales no hacen nada por convocar a reunirse al Consejo y que los empresarios que participan en dicho organismo boicotean su trabajo.
“Lo que me da mucha tristeza es que pareciera que nos estamos acostumbrando a este tipo de violencia. No vemos esa estrategia que trae el gobierno, no sabemos de qué se trata, no vemos que tengan tiempos perentorios para combatir este delito”, dijo.
Pero no sólo son los homicidios lo que tiene atemorizados a los sudcalifornianos; en meses recientes también sucedieron otros delitos poco vistos en ese estado: la desaparición de personas y el cobro del derecho de piso.
Hablé con familiares de dos personas a quienes se llevaron grupos armados en octubre y noviembre pasado.
Uno de esos casos es el de Ramón Márquez Nieto, comerciante conocido en Cabo San Lucas, quien fue sacado de su negocio por un grupo armado.
Su hijo Antonio aseguró que su padre no había recibido amenazas y su familia desconoce quién deseaba hacerle daño.
La familia de Ramón Márquez Nieto avisó a las autoridades que se habían llevado a su padre, pero éstas llegaron varias horas después al lugar de los hechos y además hicieron mal el protocolo de la denuncia ante el Ministerio Público, me narró Antonio.
“En la demanda que hicimos, los agentes del MP pusieron que había sido Seguridad Pública el primer respondiente, cuando no lo fue, sino la Policía Federal y esta dijo que no había sido, sino la Municipal, la cual tampoco fue. Tuvimos una reunión con la subprocuradora; ella aceptó que se hizo mal desde un principio el protocolo... y nos pidieron disculpas”, detalló.
También pude hablar con Karina, una mujer llena de miedo. Teme por la vida de su hermano desaparecido el pasado 11 de octubre; por la de su familia, que no quiso mostrar ni la foto de su hermano en televisión, por si alguien lo había visto y lo reconocía.
Karina me expresó que la procuraduría no les ha dado avance de la investigación y no saben qué hacer, ya que se trata de algo no visto en Baja California Sur. Su testimonio refleja lo que se vive en esa entidad.
“Todos tenemos miedo a lo que está sucediendo aquí en Cabo San Lucas, San José del Cabo, La Paz. Es un pánico que tenemos y no sabemos quién nos va a ayudar”, señala.
Para el procurador Erasmo Palemón Alamilla, la situación no es tan preocupante: “No tenemos un dato fehaciente de que esas desapariciones de pronto detonaron aquí. No lo minimizo pero no tenemos el dato de esas grandes desapariciones, las cuales no nos llevan a más de 55 casos en un entorno de 760 mil habitantes”.
Quienes también se han visto afectados por la inseguridad son los comerciantes y empresarios. Decenas de negocios han cerrado por la violencia y el cobro de piso, los cuales no se daban en la entidad y empezaron a registrarse en Los Cabos, de acuerdo con la Coparmex de Baja California Sur.
Aunque el procurador asegura que no hay cobro de derecho de piso. Para él, lo único preocupante son los homicidios y los robos.
Pero, ¿por qué se dio esta situación en Baja California Sur? Es la pregunta que todos nos hacemos.
En el Observatorio Nacional Ciudadano llevan meses analizando la descomposición de esa y otras entidades.
El director de ese organismo, Francisco Rivas, remarca: “Esta descomposición se dejó crecer porque, en particular, la Procuraduría estatal ha tenido históricamente ciertas deficiencias en la investigación. Un poco bajo el argumento de que era una entidad donde no sucedía nada y donde había mucha calma”.
“No se puso el ojo para fortalecer tanto la institución policial como la Procuraduría en términos de capacidades, con el fin de enfrentar el crimen”, acota.
En agosto pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Baja California Sur en la alerta de viajes, por la cantidad de homicidios que se estaban dando.
Los empresarios turísticos están preocupados, ya que las vacaciones decembrinas están a la vuelta de la esquina y las ejecuciones no cesan; los empresarios están preocupados ante la disminución de turistas y posibles cancelaciones por la inseguridad.
El gobierno del estado tiene el reto de brindar seguridad a los vacacionistas pero también a los pobladores que viven
llenos de miedo.