Edil y regidores serán reemplazados en cuanto se haga oficial el dictamen
Mario Galeana
La destitución del alcalde, así como del Cabildo de Tlacotepec de Benito Juárez, dictada el martes por la Corte, se acatará de manera inmediata una vez que la sentencia sea recibida por las autoridades, anunció el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.
En entrevista, el encargado de la política interna indicó que los suplentes del presidente municipal Pablo Pérez Maceda y del resto de los regidores asumirán funciones una vez que sea oficial el dictamen aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En tanto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Carlos Martínez Amador, señaló que la revocación del mandato de los funcionarios municipales podría poner en riesgo la gobernabilidad de dicha demarcación.
El diputado perredista reconoció que desconocen el dictamen avalado por la SCJN, pero anunció que solicitaría una reunión ante la SGG para prevenir las necesidades que la población de Tlacotepec tenga en los próximos días.
“No sabemos si el Congreso tiene que intervenir o si involucra únicamente al Cabildo y a los suplentes. Hay muchos vacíos y tenemos que esperar a que llegue el dictamen”, dijo.
“Todo esto supone una situación complicada para la gente. Hasta ahora ni siquiera el Cabildo ha sido notificado del fallo de la Corte. Entonces vamos a esperar previniendo todo lo que ocurra en estos días”, apuntó.
El Pleno de la Corte determinó el 16 de enero la destitución de Pérez Maceda, así como de nueve integrantes del Cabildo.
En la sentencia, los ministros incluyeron la consignación penal del presidente municipal emanado de las filas de Pacto Social de Integración (PSI).
Lo anterior, debido a que el gobierno municipal evitó el pago de 967 mil pesos a la dueña de un terreno de 400 metros cuadrados que fue invadido para la construcción de una obra pública.
El Cabildo y el edil serán acusados por la SCJN ante jueces federales de Puebla por el delito de desacato a una sentencia de amparo que se castiga con cinco a 10 años de cárcel.
Los funcionarios declararon que apelarán la sentencia de la Corte, pero Martínez Amador dudó que este recurso legal surta efecto ante la sentencia.