Por: Guadalupe Juárez
La audiencia del juicio de amparo promovido por Eduardo Rivera Pérez se aplazó hasta el 7 de febrero para que los equipos jurídicos del precandidato a la alcaldía de Puebla y del Congreso local puedan precisar información sobre el proceso de inhabilitación por 12 años que aún enfrenta el ex alcalde.
Así lo indica el acuerdo publicado por el Consejo de la Judicatura del expediente 943/2017 que dirime en el Juzgado de lo Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, ya que la audiencia estaba programada para ayer, sin embargo, no se llevó a cabo.
La nueva cita se fijó a las 10:05 horas, de forma que el próximo miércoles se definirá la situación de Rivera Pérez, para así poder participar sin ningún problema en la contienda por la alcaldía de la ciudad.
El 18 de enero, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, reveló que el Congreso del estado había desistido de la queja para aplazar la audiencia de amparo del precandidato del PAN a la presidencia municipal.
Según el perredista, el departamento jurídico del Legislativo determinó que la queja no procedería en las instancias federales.
En abril de 2017, el Congreso local inhabilitó y sancionó con 25.5 millones de pesos al panista por presuntas irregularidades en su cuenta pública de 2013, cuando encabezó la administración municipal 2011-2014.
Rivera Pérez promovió dos amparos para evitar su inhabilitación e inclusive evitó aparecer en el Registro Nacional y Estatal de Servidores Públicos, acción que le permite contender en los próximos comicios.
El domingo, el yunquista se registró como precandidato a la alcaldía de la capital. Según versiones periodísticas, la postulación se dio como parte de un acuerdo con la dirigencia nacional de Acción Nacional y su virtual candidata a la gubernatura, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Apenas el lunes, el ex alcalde calificó su participación en las elecciones de este año como una “victoria moral y política”, por lo cual sólo espera la resolución del proceso jurídico para “limpiar su nombre”.
