Las víctimas de los delitos lograron recuperar 115 millones 714 mil pesos durante 2017, según datos del primer informe de gobierno.
Por: Guadalupe Juárez
Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en la entidad sólo 3% de las carpetas de investigación por delitos del fuero común se judicializó el año pasado; ocho de cada 10 casos, al no tratarse de delitos graves y ser cometidos sin violencia fueron resueltos por medios alternativos como la mediación.
En estos incidentes las víctimas de los delitos lograron recuperar 115 millones 714 mil pesos durante 2017, de acuerdo con datos del primer informe de labores del gobernador José Antonio Gali Fayad.
En el apartado de Procuración y Justicia, la administración informó que el año pasado iniciaron 53 mil 800 carpetas de investigación, de estas mil 784 fueron judicializadas, tres mil 551 generaron un archivo definitivo, 893 fueron clasificadas como incompetencias y cinco mil seis se llevaron al archivo temporal.
El resto se convirtió en expedientes de medios alternativos, los cuales permiten un acuerdo entre víctima y agresor; de los ellos, 96.74% fueron procedentes y 3.26% improcedentes.
DATOS A DETALLE
La Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que reunió las cifras, afirmó que el año pasado consiguieron cuatro mil 615 acuerdos reparatorios; de ellos dos mil 641 –poco más de la mitad– se cumplieron, 231 no fueron cumplidos y mil 743 aún están en supervisión.
A pesar de que con este mecanismo lograron recuperar dinero, cuatro millones 74 mil pesos se perdieron y todavía faltan por recobrar 19 millones 406 mil pesos más.
El año pasado fueron detenidas 935 personas, la mayoría por delitos contra el patrimonio –394 casos –, 204 aprehendidos por atentar contra la integridad, 87 contra la vida, 66 contra la familia, 56 contra la libertad y seguridad sexual.
Además, 44 contra la sociedad, 40 por robo de vehículo, 18 contra la autoridad, 13 contra la libertad, 10 contra la salud y tres contra la seguridad pública.
SSP Y TSJ, CON MAYOR PRESUPUESTO
A pesar de que el propio mandatario ha reconocido la falta de recursos en las áreas de seguridad y procuración de justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, el C5 y el Tribunal Superior de Justicia fueron las que mayor presupuesto recibieron.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) del año pasado alcanzó los 400 millones de pesos.
Fue destinado 23.2% para la SSP a los rubros de profesionalización, vestuario y uniformes, prendas de protección, vehículos (autos, camionetas y motocicletas), así como software, equipo de cómputo y tecnologías de la información.
En el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) fue invertido 19.3% para material eléctrico, mantenimiento, baterías, radios, servidores, licencias, cámaras, antenas así como equipo de cómputo y enlaces.
En tanto, para el TSJ, 15% de dicho presupuesto fue dirigido a la construcción de las Casas de Justicia para Adolescentes.
Un 14.5% fue para inversión municipal en prendas de protección, vehículos y equipo terrestre, cursos de capacitación y evaluaciones de control de confianza; 10.9% para la FGE, porcentaje gastado en profesionalización, prendas de protección vehículos, software, equipo de cómputo y tecnologías de información.
Un 7.9% fue para el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza, 5.5% para el Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, 1.9% en seguimiento y evaluación y 1.8% en servicios de energía eléctrica, telefonía, refacciones, transporte y “herramientas menores”.