El titular dijo que aún, con las deficiencias estructurales y económicas con las que operan, están “lejos de sufrir una parálisis”; además defendió la labor de inteligencia de la dependencia.
Por: Mario Galeana
Fue casi un reclamo lo primero que hizo el fiscal Víctor Carrancá Bourget durante su comparecencia ante el Congreso de Puebla, donde reconoció la presencia del crimen organizado sin nombrar un solo grupo delictivo, salvo el de El Bukanas.
Desde la tribuna legislativa, Víctor Carrancá enlistó cada falla estructural del sistema de procuración de justicia: Puebla tiene sólo 59 agencias del Ministerio Público cuando el promedio nacional es de 125 agencias. Hay 4.3 agentes locales por cada cien mil habitantes, y cada uno de ellos atiende 240 asuntos al año. Hay sólo 128.42 pesos por habitante para la procuración de justicia, mientras que otros estados destinan más de mil pesos.
Pero, incluso así, el fiscal dijo que estas “desventajas estructurales” no han sido obstáculo para que la Fiscalía General del Estado (FGE) obtenga resultados.
Es casi una tradición anual que las columnas políticas anticipen la renuncia de Carrancá Bourget, pero la comparecencia de ayer fue distinta.
La salida de Roberto Flores Toledano como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) –donde aseguraba que permanecería hasta 2020– hizo que los ojos viraran hacia el otro extremo del aparato de justicia local: el fiscal General del estado.
Quizá por eso, Carrancá minimizó su propio reclamo sobre las deficiencias estructurales –y económicas– con las que opera la Fiscalía de Puebla, la cual –dijo– está “lejos de sufrir una parálisis”.
Y defendió, en cada intervención, la labor de inteligencia de la dependencia. En el caso del homicidio de Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan, por ejemplo, reveló que hubo un tercer implicado material, pero que fue asesinado en Tlaxcala antes de que se detuviera a los otros dos presuntos responsables que presentó públicamente horas antes del informe del gobernador José Antonio Gali Fayad.
Dijo que, días después, se reunió con el gobernador y representantes de Antorcha Campesina, quienes reconocieron que sus propias investigaciones coincidían con información que la Fiscalía les expuso.
El crimen organizado, sin nombres
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, el panista Mario Rincón González, pidió al fiscal General información sobre cómo han enfrentado a los grupos del crimen organizado.
Con esa ambiguedad, Carrancá Bourget sólo respondió que “los grupos de la delincuencia organizada existen en todo lo ancho y largo del país” y que “negar que operan o han operado en el estado sería tapar el sol con un dedo”.
Pero no presentó un diagnóstico actual sobre los grupos criminales que operan en el estado, sino acaso un anecdotario, pues sólo reconoció que hace siete años se detuvo a grupos de Zetas en Ciudad Serdán y a una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva en Atlixco.
En el delito de secuestro, reconoció que El Bukanas, lugarteniente de Los Zetas que llegó a Puebla huyendo de Veracruz, participó en algunos de los 35 casos registrados en 2017.
Pero sobre el modus operandi actual del jefe criminal, relacionado también a una docena de homicidios y, sobre todo, al robo de combustible, no detalló ningún avance.
Pendientes, investigaciones por enriquecimiento ilícito
Durante su comparecencia, Carrancá Bourget reconoció que la investigación contra servidores públicos acusados de enriquecimiento ilícito es, todavía, un pendiente para la Fiscalía local, pues no presentó una cifra sobre servidores vinculados por este delito.
Ello, dijo, se debe a que la información patrimonial de los funcionarios es concentrada a nivel federal, por lo cual puede tardar de seis meses a un año en responder a solicitudes de información en esta materia.
En ese sentido, Víctor Carrancá explicó que la Fiscalía para el Combate a la Corrupción ha iniciado 247 carpetas de investigación, pero sólo dos se han judicializado.
Los delitos más denunciados son el abuso de autoridad (con 129 expedientes), delitos contra la administración de justicia (25), tortura (21), peculado (13) y robo (12).
