Por: Mario Galeana
El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, presentó una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, la cual regula la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas.
El edil dijo que la ley transgrede las facultades de los gobiernos municipales y permite la intervención a las demarcaciones “por mera voluntad” del gobierno federal.
La controversia constitucional se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 5 de enero, pero José Juan Espinosa Torres confió en que otros funcionarios municipales del interior del país también presenten recursos contra la ley.
“Vamos a buscar a síndicos, a regidores y por supuesto a presidentes municipales de otros estados del país para que se comporten a la altura de este momento histórico que estamos viviendo. No podemos permitir que los cabildos se queden callados ante este tipo de atropellos”, dijo.
Según el alcalde, la redacción de la Ley de Seguridad Interior otorga la posibilidad de que la Federación ordene un despliegue militar sobre un municipio, aún sin la anuencia de su gobierno local.
La ley también contempla que el despliegue del Ejército o la Marina sea solicitado por las autoridades locales, a través de una petición que debe ser emitida expresamente por el Congreso del estado.
Como se sabe, los diputados de Puebla enviaron un exhorto al Congreso de la Unión para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el cual fue avalado por el propio gobernador José Antonio Gali Fayad, quien dijo que la normativa daría certeza legal a las labores de las Fuerzas Armadas.
Además de Espinosa Torres, el senador Miguel Barbosa Huerta también presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Recientemente, el vicecoordinador de la bancada PT-Morena en el Senado de la República urgió a los ministros de la Corte a resolver su documento de impugnación.
De igual manera, de acuerdo con el diputado federal Alejandro Armenta Mier, la Ley de Seguridad Interior “legitimará” la actuación de las Fuerzas Armadas durante las protestas ciudadanas que se realizan ante un eventual “fraude electoral”.