Traspatio
Por: Luis Pavón / @pavonlui
Con 20 kilos menos y sin el porte altivo, soberbio, como solía comportarse cuando era el todopoderoso, llegó extraditado de Panamá Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo.
El pasado viernes fue ingresado al Cefereso 16, en el estado de Morelos. Sorprendió la medida de llevarlo a un penal federal debido a que el otro ex gobernador también en prisión, Javier Duarte, se quedó en Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Borge Angulo está enfermo de los riñones, alegó su abogado defensor para justificar que el proceso debe enfrentarse fuera de prisión por motivos de salud.
Es curioso, todos los políticos “en desgracia” se enferman al llegar a la cárcel. Así pasó con el tabasqueño Andrés Granier, la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. Javier Duarte también se dijo delicado de salud y ahora el quintanarroense Borge.
¿Habría que tener consideración con ellos? Es la pregunta. Porque cuando fueron mandatarios no hicieron algo por mejorar las condiciones de los penales de las entidades que gobernaban y así tuvieron a decenas de presos, enfermos, hacinados y olvidados.
En el caso de Roberto Borge, su paso por la cárcel está en una línea delgada. Los delitos por los que se le acusa no se consideran graves en la ley, podría enfrentar el proceso en libertad.
Sin embargo, es algo que se ve difícil porque sería otro escándalo y punto negativo para el gobierno federal, y sobre todo, en época electoral. Así que Borge y Duarte se quedarán encerrados, por lo menos, hasta que acabe este sexenio.
El legado de corrupción de Roberto Borge, en Quintana Roo no tiene límite. Estas son algunas de sus fechorías:
1) Venta fraudulenta de tierras a amigos y familiares.
2) Despojo de terrenos, hoteles y departamentos de lujos.
3) Utilización de aviones oficiales para uso particular.
4) Desvío superior a tres mil 500 millones de pesos destinados a créditos, compra de programas informáticos, promoción turística y de descuento a los trabajadores.
En septiembre de 2016, en Despierta de Televisa le informé que un avión Piper Seneca, propiedad de la empresa gubernamental VIP Saesa, era utilizado por funcionarios, legisladores, alcaldes, políticos y amigos del ex gobernador Borge para uso particular pero con cargo al erario.
Se trata de una empresa propiedad del gobierno de Quintana Roo que operaba con números rojos, no obstante, Borge le dio más de mil 200 millones de pesos para operar. Aunque el ex gobernador prefería usar otras aeronaves, es decir, a pesar de los aviones y helicópteros que tenía a su disposición en VIP Saesa, Borge decidió rentar aeronaves a empresas propiedad de sus amigos.
Pero la ambición hizo que también se desviaran 780 millones de pesos de los trabajadores del gobierno estatal, dinero que se les descontaba para pagar créditos adquiridos vía nómina pero ese recurso no fue entregado a las empresas.
Otros 787 millones de pesos utilizados en la compra de varios programas informáticos fueron pagados a siete empresas, sólo que dicho software no existe.
También se “perdieron” mil 660 millones de pesos, adquiridos mediante un crédito a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), recurso que fue enviado a la cuenta revolvente de la Secretaría de Finanzas y ahí fue donde desapareció el dinero.
Este es uno de los rubros por los que el gobierno actual de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, ha ejercido acción penal contra ex funcionarios de CAPA. Un día antes de la extradición de Borge, fue detenida la ex directora del organismo.
También fueron desviados mil 464 millones de pesos procedentes del impuesto al hospedaje y destinado a los Fideicomisos de Promoción Turística de Cancún y la Riviera Maya.
Pero Roberto Borge no sólo está acusado de desviar recursos, también es señalado de construir obras inoperantes. Un ejemplo es el llamado Auditorio del Bienestar, el cual quedó año y medio en el abandono después que lo terminaron de construir, en marzo de 2015.
Un día antes de terminar su mandato, Borge inauguró lo que pretendía fuera su gran obra, la cual se construyó sin tener el permiso de obra y sin la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA), según reveló en su informe 2015 la Auditoría Superior de la Federación.
El despojo de propiedades también fue una característica del gobierno de Roberto Borge Angulo.
La Secretaría del Trabajo del gobierno actual de Quintana Roo ha presentado cinco denuncias penales por el despojo de hoteles en Tulum y departamentos de lujo en Cancún, mediante 15 juicios laborales falsos. Es decir, utilizaron a personas que se hicieron pasar por trabajadores sin haber sido empleados de esos lugares.
Asimismo, en Traspatio del 20 de junio de 2017 le informé que 17 ex colaboradores de Borge eran investigados por la fiscalía estatal. Los más relevantes para el gobierno actual de Quintana Roo son:
1) Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas. Tiene varias denuncias penales y de juicio político en su contra.
2) Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario de Finanzas. Considerado por la actual administración estatal como el operador financiero de Roberto Borge.
3) Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal (Ipae). Está incluida en la orden de aprehensión que se libró contra el ex gobernador.
4) Édgar Manuel Méndez Montoya, empresario. Es considerado el principal prestanombres de Roberto Borge por el actual gobierno de Quintana Roo.
Estos personajes siguen libres, tienen orden de aprehensión pero solicitaron amparos para evitar ser detenidos.
Rosa María Angulo Castillo, madre del ex gobernador, también solicitó un amparo. Su objetivo es que la PGR le devuelva los bienes (terrenos) que le fueron asegurados.
En febrero de 2017, la PGR aseguró 25 inmuebles vendidos a 6% de su valor real por el gobierno de Roberto Borge.
Esto es sólo parte del legado de corrupción que dejó Roberto Borge en Quintana Roo. El ex gobernador fue detenido en junio de 2017. Seis meses después ya está en una prisión mexicana pero del dinero que se robó no hay ni un peso recuperado.
Parafraseando al anuncio de la Cheyenne ¿y el dinero, apá? Hasta ahora sólo hemos visto “el show de la cárcel” porque no hay dinero recuperado ni en Quintana Roo, ni en Veracruz.
El veracruzano Javier Duarte fue capturado el sábado de gloria del año pasado. De los millones desviados, apenas un raquítico porcentaje se ha recuperado. Miguel Ángel Yunes ha sido más verbo que acción; tampoco ha metido a la cárcel a los ex colaboradores de Duarte: Edgar Spinoso (con quien admitió que estaba negociando la devolución de bienes), Tarek Abdalá o Vicente Benítez, por mencionar algunos, que, de paso sea dicho, son diputados y el fuero los protege.
El caso Chihuahua es el más lento. Por eso el gobernador panista Javier Corral salió la semana pasada a exigir al gobierno federal que extradite a César Duarte. Nada más que Corral se adelantó un “poquito” ya que para extraditar al ex gobernador primero hay que detenerlo. César Duarte está prófugo.
Duarte, el chihuahuense, presuntamente está en El Paso, según versión de Corral. Es el único de los tres ex gobernadores priistas con acusaciones penales que no ha sido expulsado del PRI.
Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua tenían a los gobernadores llamados la “nueva generación”. Javier Duarte y Roberto Borge aún no cumplían los 40 años cuando asumieron el cargo. Hoy, esos tres de la nueva generación de priistas tienen procesos penales en contra y dos están en prisión.
