Traspatio

Por: Luis Pavón / @pavonlui 

Los cambios al sistema penal confrontaron a autoridades e impulsores de la reforma, a un año de que entró en vigencia.

A mediados de 2017, cuando se cumplieron los primeros doce meses del sistema penal acusatorio, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales y varios gobernadores se pronunciaron por cambiar la ley para incluir delitos que lleven a prisión preventiva, un caso fue la portación de arma de fuego.

Sin embargo, los promotores de la reforma penal criticaron la postura de las autoridades. Uno de esos personajes fue Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de la asociación civil Renace.

"cuando la autoridad propone que se modifique la ley para hacerla más fácil para ellos, para que ellos no tengan que andar investigando, para que ellos no tengan que tramitar ni alegar nada entonces es que la autoridad está pidiendo que se la pongan facilita... Y pues no, deben superarse esos paradigmas” me dijo cuando lo entrevisté.

Aquí les cuento un caso muy ilustrativo, todo un ejemplo de la frustración ciudadana ante la inseguridad, lo que perciben que sucede con las autoridades y las leyes.

Juan Raymundo Morales Martínez ha sido detenido y liberado más de 400 veces y su hermano Fabián 121, según la Secretaría de Seguridad Pública de León, Guanajuato.

La policía municipal de León, capturó por primera vez a Juan Yaymundo en 2008, cuando tenía 14 años de edad, hoy tiene 23.

Lo ha detenido un promedio de 45 veces al año, es decir, casi 3 veces por mes.

Los delitos que ha cometido desde hace 9 años junto con su hermano menor son: robo a comercio, a casa-habitación, robo de ganado, posesión de droga, allanamiento de morada, daños en propiedad ajena, además de faltas administrativas.

Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, asociación civil enfocada en la justicia penal de México, explicó que el problema de que esas personas sean detenidas una y otra vez sin consecuencias se debe a que pocos estados en el país han puesto a funcionar las unidades de medidas cautelares (Umecas), que establece el nuevo sistema de justicia penal.

Las Umecas son las instituciones encargadas de elaborar el expediente de cada detenido para determinar los riesgos que representa en caso de seguir en libertad. Pero resulta que solo 8 estados las tienen y de esos, la mitad opera a medias.

Es por eso que Sánchez Bocanegra criticó que los gobernadores busquen la salida más fácil: reformar la ley del nuevo sistema de justicia penal en lugar de implementarla adecuadamente y brindar capacitación a los cuerpos policiacos.

Otro de los cambios en el sistema penal acusatorio fue que también dio beneficios a los menores infractores.

Un ejemplo lo documenté en Chihuahua. El 75% de los menores sentenciados por homicidio, secuestro, extorsiones y otros delitos, obtuvieron su libertad debido al nuevo sistema de justicia penal

Pablo, como pidió que se le llame, es uno de los beneficiados. Obtuvo su libertad, luego de pasar 5 años en el centro de reinserción social para adolescentes infractores de Ciudad Juárez, acusado de homicidio.

Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero la reforma legal estableció que su pena máxima era de 5 años, por lo que su condena se redujo a la mitad

"cuando nosotros nos enteramos de todo eso de la ley y hasta salía en la tele, mirábamos a mucha gente que estaba protestando contra eso de la ley y yo pensé que en realidad ellos tenían todo el derecho para hacerlo, porque en la ley se habla mucho de la reparación del daño y todo eso...con una reparación de daño no creo que se pudiera reparar el daño que hicimos"  me dijo.

Antes de la entrada del nuevo sistema de justicia penal en todo el país, en los dos centros para menores infractores de Chihuahua había 441 adolescentes recluidos.

Un año después de que entró en vigor el sistema penal acusatorio, solo quedaban 109 en reclusión.

Es decir, 332 menores lograron el beneficio de la libertad sin importar el delito cometido.

Lo cual se debe a que la reforma del sistema penal en el país quitó varios delitos del catálogo de prisión preventiva y también redujo las penas.

El fiscal en ejecución de penas y medidas cautelares de Chihuahua se pronunció a favor de una reforma que considere un mayor número de delitos como parte de la prisión preventiva, ya sea para adolescentes o mayores de edad.

Esto me declaró David Flores Carrete, fiscal en ejecución de penas y medidas cautelares de Chihuahua:

"falla el ser totalmente garantistas en la emisión del código de procedimientos penales. Eso lo podemos nosotros decir o defender desde el punto de vista de ser un estado del norte, frontera, con un sistema penal acusatorio desde el 2008 que vivió unas épocas bastantes duras en materia de seguridad y en donde la portación de arma de fuego era uno de los delitos con mayor incidencia".

Las propuestas gubernamentales de hacer reformas al sistema penal acusatorio quedaron suspendidas. Al parecer, momentáneamente.

Autoridades como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sostienen que la reforma penal ha traído más inseguridad y que en el caso de la Ciudad de México, 11 mil presos obtuvieron su libertad debido a dicha reforma.

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