Rodolfo Sánchez, en tanto, informó al poder legislativo local que a lo largo del año pasado fueron sancionados 43 funcionarios públicos de la gestión del gobernador Gali Fayad
Por: Mario Galeana
El gobierno de Puebla posee obligaciones financieras que ascienden a 21 mil 154 millones pesos, detalló el secretario de Finanzas y Administración (SFA), Enrique Robledo Rubio.
Al comparecer ante el Congreso local, el funcionario estatal informó que la deuda pública, que se redujo 8% a lo largo de 2017, es de cinco mil 414 millones de pesos.
A eso se suman seis mil 811 millones de pesos más que corresponden a participaciones federales y compromisos de inversión pública.
A largo plazo, la administración estatal de Antonio Gali Fayad posee obligaciones por proyectos como la instalación de la plataforma Audi por ocho mil 929 millones de pesos, enlistó Robledo Rubio.
El titular de la SFA aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera a Puebla como una entidad con un nivel de endeudamiento sostenible. Sin embargo, ocho de los 39 municipios del estado que también se encuentran con compromisos financieros son calificados en el nivel de “observación”.
Hasta ahora, detalló, el gobierno de José Antonio Gali Fayad no ha contraído nuevas obligaciones financieras a largo plazo.
A pregunta expresa del grupo legislativo del PAN, Robledo Rubio rechazó que la Federación haya retenido recursos públicos para el estado por motivos políticos, como ha denunciado en días pasados el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral.
El secretario estatal negó también que Puebla sea “consentida” del gobierno federal en la distribución del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, pues dijo que cada aportación se calcula con base en reglas de operación establecidas en la ley.
Desglosan sanciones a servidores públicos
En tanto, el secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro, informó al Poder Legislativo que a lo largo del año pasado se sancionaron a 43 funcionarios públicos.
Sin embargo, sólo siete de ellos fueron presentados ante las autoridades de administración y procuración de justicia.
La falta más común cometida por los servidores fue la deficiencia en trámites y servicios, con 12 casos. Once funcionarios fueron sancionados por abuso del cargo y nueve más por negligencia. Cuatro servidores recibieron castigos por deshonestidad o solicitud injustificada de recursos y uno por malos tratos.
