El terreno pertenece a Floriberto Toxtle, a quien incluso se le pagó 50% de la propiedad, indicó el secretario de gobernación.
Por: Ilse Contreras
El secretario de Gobernación de San Andrés Cholula, Oscar Palacios Ramírez, negó que se haya expropiado un predio a la familia Tlatehui Juárez para la construcción de una oficina del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del DIF Municipal.
En entrevista, explicó que el 9 de noviembre de 2017 el Cabildo aprobó por mayoría la expropiación de casi mil 700 metros cuadrados de un inmueble que pertenece legalmente a Floriberto Toxtle.
Sin embargo, el terreno colinda con la vivienda de la familia Tlatehui Juárez, quienes construyeron una salida en dirección hacia el predio expropiado por el Ayuntamiento, que fue cercado para la edificación del CRI.
En noviembre del año pasado, la familia demandó al Ayuntamiento de San Andrés Cholula por los presuntos delitos de daño en propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad y privación de la libertad, pues —según ellos— a inicios de ese mes les fue derribada una barda que causó lesiones a dos mujeres y, además, funcionarios colocaron una malla en el perímetro que bloqueó el acceso a su vivienda.
Ante ello, Palacios Ramírez indicó que el problema radicaría en un conflicto de colindancia entre la vivienda de la familia Tlatehui Juárez y el predio expropiado, lo cual eximiría de cualquier responsabilidad a la administración que encabeza el alcalde Leoncio Paisano Arias.
“Ellos mismos provocaron quedarse encerrados, tenían una propiedad de familia y la fueron dividiendo, la persona que quedó hacia la vía pública cerró el acceso, entonces los que quedaron en la parte de atrás empezaron a usar el paso del predio vecino”, apuntó.
El funcionario municipal explicó que en días recientes se reunió con el representante legal de la familia, Álvaro Ramírez Rivera, con el propósito de acordar que el estacionamiento del CRI pueda ser utilizado tanto por los usuarios del DIF Municipal como por los quejosos.
Sin embargo, aunque la familia y el representante legal fueron emplazados a una segunda reunión, desistieron de llegar a un acuerdo. Palacios Ramírez atribuyó su ausencia a la falta de interés por solucionar el conflicto.