Por: Ilse Contreras/ @Se_GatoPardo
Organizaciones civiles exigieron a los precandidatos de los diferentes partidos políticos a “no usar como bandera política” el tema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres de cara a las campañas para las elecciones del 1 de julio.
En ese sentido, Nataly Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cadem), pidió hacer compromisos reales y medibles frente a la violencia feminicida, además, independientemente de quien gane, advirtieron seguir monitoreando las acciones y pidiendo la transparencia.
“Es una problemática social que ha dolido a muchas familias, ha arrebatado la vida de muchas mujeres y es un tema delicado”, apuntó la representante de la asociación que integra la mesa de seguimiento a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Asimismo, señalaron la falta de cumplimiento a cinco de las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) al gobierno de Puebla, para erradicar la violencia feminicida , esto a través de solicitudes de información.
En rueda de prensa, Mariel Guzmán Cortés del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), puso como ejemplo la recomendación 10, que pide capacitación en materia de derechos humanos, no discriminación y con perspectiva de género, enfocado al personal del sector salud, al decir que las listas mostradas como evidencias repetían nombres y las fotografías adjuntas eran de mala calidad.
Detallaron que conforme al informe final del Grupo de Trabajo de la administración pasada, se destinaron 18 millones de pesos para un problema que afecta al 52% de las mujeres, mientras que para obras como la "Estrella de Puebla", se invirtieron 400 millones de pesos.
Las representantes de agrupaciones como El Taller, Odesyr, Cadem, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, demandaron al gobierno un proceso transparente en atención a las recomendaciones, aceptar las solicitudes de declaratoria de Alerta de Género y contemplar acciones de monitoreo en el uso de los recursos públicos para atender las acciones.