La Semarnat y comisión federal de electricidad deberán consensuar con pueblos indígenas la construcción del proyecto
Por: Mario Galeana
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno federal corregir las irregularidades del Proyecto Integral Morelos (PIM), cuyo gasoducto recorre 13 municipios de Puebla, ocho de Tlaxcala y cuatro de Morelos.
En una recomendación dirigida a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la CNDH demandó iniciar el proceso de consulta entre las comunidades indígenas afectadas por el proyecto y valorar si el gasoducto cumple con las suficientes condiciones de seguridad para edificarse, pues se encuentra en una zona de incidencia del volcán Popocatépetl.
La solicitud se derivó de un cúmulo de 45 quejas de derechos humanos –12 de ellas presentadas en Puebla– y graves señalamientos de instituciones académicas, como el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la BUAP, que alertó sobre el riesgo para las comunidades cercanas al proyecto.
El PIM consiste en la construcción y operación de dos centrales termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto. El trazo de éste, sin embargo, se encuentra a 100 metros de la localidad indígena de San Hipólito Achiapa, en el municipio de Ocoyucan.
Los municipios que recorre este gasoducto son Acteopan, Atlixco, Atzitzihuacán, Calpan, Cohuecán, Huaquechula, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San Jerónimo Tecuanipan, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula y Tlaltenango.
En estas demarcaciones hay al menos 19 localidades originarias que resultarían afectadas y 29 mil 315 personas indígenas, el equivalente al 6.3% de la población total de los municipios, según la CNDH.
Por esa razón, el organismo nacional determinó que la Semarnat y la CFE consulten a los pueblos si aprueban o no la construcción del Gasoducto Morelos, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los riesgos
Consultados por la CNDH, algunos organismos y autoridades de Puebla alertaron sobre el riesgo o las irregularidades del trazo del gasoducto, que comprende más de 160 kilómetros de tubería para abastecer a las termoeléctricas ubicadas en Huexca, Morelos.
La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) especificó a la CNDH que el recorrido de la tubería contraviene uno de los criterios ecológicos establecidos en el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl.
También, el Ayuntamiento de Atlixco se pronunció en contra de su construcción puesto que el gasoducto cruza una zona agrícola y, por tanto, es “incompatible” con el plan de desarrollo municipal, según un oficio de la CNDH.
Incluso así, en Puebla ya se han entregado licencias de uso de suelo, de construcción, autorizaciones por parte del Sistema Estatal de Protección Civil y hasta declaratorias de “utilidad pública” sobre predios rústicos en San Jerónimo Tecuanipan.
La construcción del Gasoducto Morelos ha provocado una amplia oposición entre pobladores y activistas de los tres estados que impactaría desde 2012. En Puebla, 13 quejas en poder de la CNDH señalan amedrentamiento por parte de autoridades, presencia de la Policía Federal Preventiva y el Ejército en las localidades e incluso la solicitud de medidas cautelares para un opositor que recibió amenazas en febrero de 2015.
A la fecha, se han presentado tres amparos en contra del proyecto federal. Uno fue sobreseído en agosto de 2016, otro se encuentra en trámite y uno más que fue presentado en un tribunal de Puebla fue obtenido en abril de 2017, pero los promotores del gasoducto interpusieron un recurso de revisión que hasta hoy permanece en análisis en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.