Lector Curioso
Por: Rebecca Alcaide / @rebeccaalcaide
El cambio de paradigmas en el sistema jurídico del Estado mexicano ha incentivado la creación de una serie de leyes e instituciones que, permitan un gobierno abierto y transparente sin embrago, no han sido eficaces y en muchos casos inoperantes por la falta de actuaciones de legalidad por parte de las autoridades a cargo de ciertos organismos.
Para muestra basta un botón, en 2015, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de combatir y erradicar, el mal de todos los tiempos, la corrupción, bajo la premisa de un combate frontal y público en el que los tres niveles de gobierno coadyuvarían al igual que las autoridades responsables de la fiscalización de los recursos públicos, consagrado en el artículo 113, de nuestra constitución, a saber: la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Y para que dicha ley puede ser aplicable deberá contar con la instalación de dos comités, el primero el Comité Coordinador, integrado por: el titular de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; un representante del Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana. Y el segundo, el Comité Ciudadano, integrado por cinco ciudadanos destacados en el ámbito de la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.
La creación del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, se conformó bajo la opacidad y falta de transparencia, desde el momento que se debía elegir a la Comisión Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana pues, irrumpieron en todo momento con el principio de equidad de género al no aceptar perfiles femeninos para la conformación de dicha comisión y dejar fuera a personas críticas del sistema pese a cumplir con los parámetros establecidos en la convocatoria.
El Comité de Participación Ciudadana, no fue la excepción, pues sólo dos de cinco son verdaderos perfiles ciudadanos. Este comité estaba facultado para seleccionar al Secretario Técnico y así quedar integrado el Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla.
Lo más lamentable es que el CPC, no actúo con legalidad, publicidad y transparencia en el debido proceso de la selección pues, dejaron fuera a perfiles académicos que cumplían a cabalidad con todas las características establecidas la convocatoria emitida, así como en el artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. Además de vulnerar los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de todos los postulantes, así como la ausencia para transparentar la metodología de evaluación y elección de los postulantes.
Lo que nos demuestra una vez más la simulación por parte de estos organismos, y evidencia el circo que realizaron al convocar a figuras académicas, serias y reconocidas en el orden nacional e internacional para legitimar el proceso y hacer creer que el gobierno abierto es una realidad en este Estado de Derecho.
Y, por si fuera poco, ahora el sistema estatal anticorrupción, busca el respaldo de académicos serios para poder ejercitar un recurso económico que hasta el momento no han podido disponer.
Por eso, juzgue usted lector curioso.