Foto y texto por: Ilse Contreras / @Se_GatoPardo
El presidente del grupo de abogados Litigium, Gonzalo Castillo Pérez, urgió al Congreso de Puebla aprobar el decreto de creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado para resolver conflictos laborales de manera transparente.
En conferencia de medios señaló que desde el 24 de febrero los legisladores locales tuvieron que aprobar la iniciativa presentada por el gobernador José Antonio Gali Fayad para homologar los cambios establecidos en la Reforma Laboral de 2017.
Entre las modificaciones se incluía la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para que los casos pasaran a los nuevos organismos, lo cual no se ha realizado e impide la impartición de justicia pronta, expedita e imparcial en materia laboral.
Acusó que estos organismos son “controladas” por un grupo de abogados que resuelve los conflictos sin ofrecer una sentencia favorable para los trabajadores.
“Sabemos que las Juntas de Conciliación tienen una tendencia, se han vuelto un grupo cerrado de abogados que prácticamente manejan los asuntos (…) Se retardan los asuntos, luego no aparecen los expedientes, cambian documentos, pasan cosas que no deberían”, señaló Castillo Pérez.
Externó su preocupación porque con el proceso electoral se retrase la implementación del nuevo sistema de justicia laboral para que los tribunales diriman controversias entre patrones y trabajadores en el sector privado.
“Estamos entorpeciendo toda la justicia en México con reformas mal aplicadas, improvisadas y con lapsos que no nos alcanzan porque no hay presupuesto, no hay hojas, no hay tintas, es increíble que en el Poder Judicial del Estado pase eso”, subrayó.
El pasado 4 de enero, el gobernador del estado envió al Congreso local la iniciativa para crear el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, mismo que sustituiría a las Juntas Locales, a fin de prestar un servicio público y gratuito a quienes se encuentran en un conflicto laborar, sin la necesidad de llegar a un juicio para exigir el cumplimiento de sus derechos.