De acuerdo con un estudio del organismo de marzo de este año, por lo menos mil industrias, de las dos mil que operan en la región, no cuentan con plantas de tratamiento
Por: Ilse Contreras
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró como un “caso emblemático de contaminación” a Puebla, ya que cuatro de cada 10 habitantes se encuentran en riesgo de enfermedades como hepatitis, cáncer y cólera por la contaminación de desechos industriales en el río Atoyac.
En su estudio Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos, 2018, refiere que de las dos mil industrias que operan en la región, al menos la mitad no cuenta con plantas de tratamiento o no funcionan de manera adecuada.
Ello ha ocasionado que el afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas provenientes de compañías textiles, alimenticias, químicas y petroquímicas, así como de bebidas, metalmecánicas, automotrices, de autopartes y de papel, entre las que destacan pesticidas, mercurio y plomo.
La contaminación del Atoyac afecta a más de dos millones 300 mil pobladores de 22 municipios de Puebla y 28 de Tlaxcala, es decir, 40% de la población en la primera entidad.
La mayoría de las fábricas se ubica en los parques industriales conocidos como El Quetzalcóatl y Complejo Petroquímico Independencia de Pemex, en San Martín Texmelucan; el de Huejotzingo y el Ixtacuixtla, en Tlaxcala.
En su recomendación 10/2017, el organismo señala que las autoridades de los tres niveles de gobierno “han sido omisas, negligentes, o no han tomado las medidas suficientes para la protección de los recursos hídricos en la zona de impacto”.
Al recoger alertas de investigadores y de organismos internacionales, halló que los habitantes de esta cuenca se enfrentan a “un alto grado de peligrosidad” por la exposición a contaminantes debido a la ingesta de agua, partículas volátiles y alimentos cultivados.
La CNDH emitió 100 recomendaciones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Así como a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y a los presidentes municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, y a los ayuntamientos de Nativitas, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y de Tepetitla de Lardizabal, en Tlaxcala.
Ante ello, la Profepa informó que ha impuesto multas por 207 millones de pesos, mil 453 procedimientos por irregularidades, 68 clausuras parciales y 70 totales en Puebla y Tlaxcala en lo que va de la administración federal.
