Por: Guadalupe Juárez
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) evidenció la disparidad en las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) en los casos de asesinatos de mujeres, por lo cual concluyeron que varios de ellos no han sido acreditados.
En su informe de implementación del tipo penal de Feminicidio en México, Desafíos para Acreditar las Razones de Género —publicado la semana pasada—, indican que la inconsistencia en las cifras es la redacción confusa en el Código Penal, situación que complica la tipificación del delito.
En 2016, la FGE informó al grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género que de 2013 a 2016 contabilizaron 257 asesinatos de mujeres, donde 79 fueron calificados como feminicidios; de estos, sólo en 45 casos ejercieron acción penal contra los agresores, de los cuales tres obtuvieron sentencia condenatoria.
Lo anterior —aseguran en el estudio— no coincide con la información que les entregaron a ellos ni al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Como ejemplo refieren que en 2016 al Grupo de Trabajo la FGE le informó de nueve homicidios y 21 feminicidios, y a la OCNF le indicó que eran 83 asesinatos y 27 feminicidios.
En 2017, las autoridades le respondieron al observatorio tener en seis meses 29 feminicidios, pero al SESNSP le informaron de 27 casos en un año.
A esto se suman —detallan— los señalamientos de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes llevan su propio conteo.
“Sin embargo, a pesar de que la problemática prevalece y se incrementa, el Grupo de Trabajo únicamente solicitó al gobierno de Puebla modificar el Protocolo de investigación del delito de feminicidio”, resaltan.
Lo anterior pese a que han realizado tres reformas del tipo penal y dos relacionadas con la sanción, pero no para acreditar las razones de género (condición para clasificar un homicidio doloso de un feminicidio).
Por ello, indican que Puebla requiere aumentar las circunstancias objetivas en las que se traducen las razones de género, además de homologar el Código Penal con el nacional.
En cuanto al protocolo de investigación, indican que cumple con los estándares establecidos de manera enunciativa, pero tampoco incorpora la perspectiva de género en las actuaciones.
El OCNF también señala que la Fiscalía omitió proporcionar información sobre las características de los feminicidios, como datos sociodemográficos de las mujeres, la forma como fueron privadas de la vida, los agresores, el método utilizado, y más.