La entidad destacó en la planeación y fiscalización de los recursos invertidos en los proyectos, además, cada trámite se somete a auditoría
Por: Mario Galeana
Por someter a licitaciones públicas la adjudicación de obras y contar con sanciones ante posibles actos de colusión en este procedimiento, el estado de Puebla se ubicó en el lugar número ocho a nivel nacional dentro del Índice Legal de Obra Pública (ILOP), presentado ayer por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
No obstante, la entidad alcanzó 56.94% de cumplimiento en los elementos que determinan el buen desarrollo de la obra pública, entre los que destacan la competencia, el uso de tecnologías de la información, transparencia, planeación y fiscalización.
El Imco consideró como una “debilidad” del gobierno del estado que, en 2017, haya otorgado preferencia a contratistas locales, pues de 15 proyectos de obra pública al menos ocho se adjudicaron a empresas poblanas.
Entre los contratos otorgados a estas empresas destacan la construcción del bulevar Carmelitas y la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
En el ILOP, los indicadores en los que Puebla obtuvo el menor porcentaje de cumplimiento fueron la investigación de mercado, el desarrollo de prácticas antimonopólicas y la falta de un Comité de Obra Pública que regule la construcción de los diferentes proyectos.
Por el contrario, alcanzó un nivel de más de 80% en la fiscalización de los recursos invertidos en cada proyecto de obra pública y alrededor de 65% en la planeación del desarrollo en este rubro.
Entre las fortalezas del estado, el organismo enlistó que los empresarios no deben inscribirse necesariamente al Padrón de Contratistas del gobierno para poder competir por proyectos de construcción, además, en Puebla se cuenta con trámites sujetos a auditoría y procedimiento general en la asignación de obras es la licitación pública.
A nivel nacional, ninguna entidad cumplió con los requisitos mínimos evaluados en el ILOP del IMCO. El Estado de México, con alrededor de 66.7% del cumplimiento total de los indicadores, fue la entidad mejor posicionada en el informe, seguida por Veracruz, que obtuvo 64.5%.
Entre las “buenas prácticas” que el instituto detectó en este par de entidades respecto al desarrollo de obra destacan que los residentes y supervisores de obra deben aprobar una evaluación de confianza, y que la ley en la materia regula tanto a los tres poderes estatales –ejecutivo, legislativo y judicial–, como a los organismos autónomos.
