Desde la designación de posiciones, hasta el destape de inmensas fortunas de sus candidatos, el partido Lopezobradorista se ha visto fracturado; el abanderado a Casa Puebla, Luis Miguel Barbosa, es quien ha estado constantemente en el ojo del huracán
Por: Guadalupe Juárez
A 10 días de la elección del 1 de julio, Morena en Puebla arrastra una serie de escándalos de corrupción que comenzaron con la designación de candidaturas, incluida la de la gubernatura otorgada a Miguel Barbosa Huerta, y, a la fecha, con la fortuna oculta del matrimonio ligado al marinismo conformado por Nancy de la Sierra Arámburo y José Juan Espinosa Torres.
La serie de controversias en torno a los abanderados por la coalición Juntos Haremos Historia ha llegado a tal grado que la secretaria General del CEN de Morena, Yeidckol Polevnsky, ha tenido que dictar línea a los militantes para que vean a Barbosa Huerta como símbolo de unidad.
Sin embargo, el senador con licencia pudo haber provocado la fractura del partido y ahora se ha convertido en el protagonista de señalamientos por posible enriquecimiento ilícito, una supuesta venta de candidaturas, usurpación de profesión y además es acusado de cobrar moches durante su paso por la Cámara alta.
El ex perredista, el más señalado
Sobre los hombros de Barbosa Huerta pesan diversas denuncias, entre ellas las de dos presidentes municipales que lo acusan de presionarlos para adjudicar obras a las constructoras que él decía, así como inflar los costos de los proyectos.
A ello se suman los señalamientos de la activista Violeta Lagunes Viveros por enriquecimiento ilícito y contra su equipo por agresiones físicas en un mitin, donde la ex aspirante a la alcaldía de Puebla por Morena promovía la campaña “AMLO sí, Barbosa no”, además de otra queja por usurpación de profesión al litigar cuando no cuenta con cédula profesional.
Además, la opacidad del abanderado a Casa Puebla fue exhibida por diversos medios de comunicación. Por ejemplo, El Universal, reveló que el neomorenista habría omitido en su declaración patrimonial ante el Imco diversos inmuebles que están a nombre de sus hijos, entre los que se encuentran tres lotes en un fraccionamiento residencial en el municipio de Tehuacán.
También carga con el señalamiento por parte de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional en cuanto a sus ingresos, pues en un año habría gastado hasta 1.6 millones de pesos en viajes familiares a destinos como París, Roma, Corea y Londres, así como ostentarse como abogado, cuando no está titulado.
El hermano del ex perredista, David Amadeo, también fue involucrado en los señalamientos contra el neomorenista, por tráfico de influencias, pues cuatro empresas ligadas a su consanguíneo fueron beneficiadas por el gobierno federal, justo cuando el candidato al gobierno de Puebla se desempeñaba como presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Las sanciones también han sido parte de la campaña del ex perredista, pues el Instituto Electoral del Estado (IEE) determinó que incurrió en violencia política de género contra Martha Erika Alonso Hidalgo, lo que le valió la prohibición de llamar a la candidata “la esposa de”. La restricción alcanzó al presidenciable Andrés Manuel López Obrador.
Barbosa Huerta también carga con una relación tensa con la prensa local. En varias ocasiones ha recriminado a los medios de comunicación por la información que publican sobre él, así como el bloqueo de su equipo a los reporteros de los diarios que lo han criticado, además de acusarlos de alimenta una guerra sucia en su contra.
El matrimonio Espinosa-De la Sierra
El presidente municipal con licencia de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, acostumbrado a los reflectores, ha protagonizado una serie de escándalos ya con la marca de Morena, aunque él sea propuesta del Partido del Trabajo para una diputación local por el distrito 20.
Entre estos se encuentra una trifulca con empleados de la empresa Agua de Puebla para Todos, quienes incluso presentaron una denuncia contra el ex Niño Naranja por lesiones dolosas.
Pero Espinosa Torres no sólo ha provocado conflictos al exterior. En febrero de este año reventó una asamblea distrital al querer colocar a sus alfiles en las diferentes candidaturas de Morena, provocando un enfrentamiento que terminó en vidrios rotos de un hotel y un expediente en su contra en la Comisión de Honor y Justicia de Regeneración Nacional.
Su matrimonio con la ex priista Nancy de la Sierra Arámburo le ha valido también señalamientos, pues con ella sus contrincantes lograron vincular al ex gobernador Mario Marín Torres con el partido lopezobradorista.
Lo anterior, cuando la ahora candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia reconoció que su testigo de bodas con Espinosa Torres fue el ex mandatario. Con su acto de sinceridad, incluso dijo que era un honor que fuera su testigo y que los poblanos preferían a Marín Torres como gobernador.
Apenas este lunes ambos fueron exhibidos por El Universal por no reportar el valor real de sus propiedades y de utilizar a sus hijos para no dar a conocer inmuebles que forman parte de su fortuna.
Los candidatos al Senado por la coalición Por México al Frente incluso calcularon bienes que superaban en conjunto los 81 millones de pesos.
La pugna en Atlixco
La disputa de la candidatura a la alcaldía de Atlixco se dio entre el empresario Juan Antonio Villarroel y Eleazar Pérez Sánchez, quienes mantuvieron un mes en vilo la campaña en este municipio.
Villarroel García había sido designado como abanderado con anterioridad, pero renunció a la posición después de que acusara a Gabriel Biestro Medinilla, presidente estatal de Morena, de intentar imponer a distintos aspirantes a regidores en su planilla.
Sin embargo, cuando Pérez Sánchez fue designado como candidato, y tras las protestas de las bases, el empresario presentó un juicio en el que solicitó la restitución de su candidatura, misma que ganó.
No obstante, el pleito entre ambos se intensificó con la visita de López Obrador a la Mixteca el 6 de junio, pues los dos querían subir al templete, lo que provocó el enojo del candidato presidencial.
La raíz del descontento
Las inconformidades por la designación de candidaturas han estado presentes en todo el proceso electoral, desde la de Luis Miguel Barbosa Huerta con la aplicación de una supuesta encuesta donde superaba al académico Enrique Cárdenas, así como en la asignación de la abanderada a la alcaldía de la capital poblana, Claudia Rivera Vivanco, que sumó a dos críticas de Morena: Violeta Lagunes y Paola Migoya.
A ello se añadió el señalamiento del activista Adán Xicale Huitle y los militantes morenistas de San Andrés Cholula, quienes rechazaron la candidatura de la locutora Nay Salvatori Bojalil a la diputación federal del distrito de Cholula.
El 7 de febrero, en otra visita de López Obrador, integrantes de la CNTE y militantes de Morena en Acatlán encararon al ex jefe de Gobierno capitalino por las designaciones de candidatos a diputados federales, como la del ex aliancista Guillermo Aréchiga Santamaría y la de Nelly Maceda.
Venta de candidaturas y cobro por encuestas
El 11 de marzo, los Xicale y militantes de San Andrés Cholula protestaron una vez más ante la sede del partido para denunciar que Barbosa Huerta y Biestro Medinilla elegían a todos los candidatos a las presidencias municipales por dedazo y por el supuesto cobro de las encuestas, las que pusieron en duda que se realizaran.
A ello se sumaron las acusaciones de militantes del PES en contra del dirigente Raúl Barranco Tenorio por cobrar por candidaturas a presidencias municipales al menos 15 mil pesos, denuncia que extendió Paola Migoya al presidente de Morena, Gabriel Biestro Medinilla y al candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Migoya declaró contar con información de que la dirigencia estatal y Barbosa Huerta pedían hasta 200 mil pesos por medición, la cual no se realizaba, pues se negaron a transparentarlas ante la militancia, denunció en una ocasión la verdecologista.
Envueltos en la opacidad
Morena es, también, uno de los partidos más opacos de la entidad según el Itaipue, pues encabeza el número de denuncias ciudadanas, que hasta el 11 de junio eran 346. Lo anterior al no transparentar su información en su portal web, como los sueldos de su dirigente e integrantes del Comité Directivo Estatal, así como no responder a las solicitudes de información, pese a ser sujetos obligados.