Distintas voces, sin importar los colores partidistas, condenaron el hecho y urgieron a las autoridades que se haga justicia
Por: Mario Galeana
Fue una ejecución planeada. Los homicidas no tomaron nada, pero lo tomaron todo. Dispararon sobre Juana Iraís Maldonado Infante, candidata a diputada local del PVEM en Huauchinango, y Erika Cázares Acosta, regidora del municipio de Juan Galindo. El doble asesinato ocurrió la noche del viernes 1 de junio, pero los cuerpos de ambas fueron hallados durante la madrugada del sábado 2.
Horas más tarde, a las 4:20 de la madrugada del sábado, la Policía Federal se enfrentó a un grupo de hombres armados a unos kilómetros de la escena del crimen. Uno de ellos cayó abatido y cinco más fueron detenidos. La posesión de armas calibre 9 milímetros —el tipo que se utilizó en la ejecución de Maldonado y Cázares— ha hecho que las autoridades ciñan su investigación a la posibilidad de que estén involucrados con el doble homicidio.
A pesar de la detención inmediata de este grupo de sospechosos, el crimen de Erika Cázares y de Juany Maldonado, como prefería que la llamaran, ha precipitado la posibilidad de que el fiscal Víctor Carrancá Bourget sea removido de la Fiscalía General del Estado (FGE). No se trata sólo de la conmoción causada por el primer homicidio en contra de una candidata en Puebla, sino de que, de acuerdo con distintas versiones, el crimen tomó al fiscal fuera del país: exactamente en Argentina.
El asesinato provocó una severa crítica hacia Carrancá Bourget por parte de la única mujer que compite por el gobierno de Puebla. Emanada del PAN, el partido del gobierno en turno y el mismo que posibilitó el nombramiento del fiscal, Martha Erika Alonso Hidalgo ha sentado un ultimátum a Carrancá Bourget: si el crimen de Maldonado y Cázares no es esclarecido, más le valdría renunciar.
Un crimen (aún) sin móvil
La tarde del viernes 2 de junio, Juany Maldonado y Erika Cázares viajaron a la comunidad de Patla, en el municipio de Jolalpan, para acudir a un evento político y promover la candidatura de la primera.
Para Maldonado, de 57 años, esta era la segunda candidatura a lo largo de su trayectoria. En 2015, el PVEM la designó abanderada en el distrito federal 9 de Puebla, a pesar de que, hasta entonces, había hecho la vida en su natal Huauchinango. Juany era una microempresaria dedicada a la venta de muebles que, en 2010, decidió convertirse en fundadora del Verde Ecologista en aquel bastión de la Sierra Norte. Dos años después fue nombrada coordinadora de campaña de Enrique Peña Nieto en Huauchinango. Era madre de un joven de nombre Juan Pablo. Y era, para la gente que la conoció, una mujer plena, de una sola pieza.
Cázares, de 32 años, era regidora de Salud, Asistencia Pública, Ecología, Medio Ambiente y Juventud en el Ayuntamiento de Juan Galindo. Había estudiado en la Escuela Libre de Derecho de Puebla y, aquella tarde, cuando volvían de Patla, viajaban a bordo de su Volkswagen Sedan color negro.
Sus asesinos las alcanzaron entre las 10 y 11 de la noche del viernes en la carretera que va de Patla a la localidad de La Unión, en Zihuateutla. Accionaron sus armas 9 milímetros por lo menos 10 veces —pues ese fue el total de casquillos hallados— y no tomaron nada más. Los cuerpos de ambas fueron encontrados horas después, a las 2:40 de la mañana.
Menos de dos horas más tarde, sobre la vieja carretera federal México-Tuxpan, integrantes de la Policía Federal marcaron el alto a un vehículo Montejo con placas del estado de Veracruz y vidrios polarizados. Los ocupantes respondieron con balas y, minutos después, otra camioneta tipo Suburban se sumó a ellos en la refriega.
Los cuerpos policiacos lograron someter al grupo y les confiscaron una ametralladora tipo Uzzi, un fusil R15 y tres pistolas de 9 milímetros. Uno de ellos murió y cinco más fueron detenidos: Carlos N, Simón N, Maximino N, Vicente N y Edgar N.
Las autoridades han ligado al grupo con el doble homicidio no sólo por la coincidencia en el calibre de las pistolas 9 milímetros —un tipo común de arma—, sino por el origen de cuatro de ellos. Tres viven en Huauchinango y uno más en La Unión, Zihuateutla: donde los cuerpos fueron hallados.
Pero, hasta ahora, las autoridades no han determinado el motivo del homicidio de Maldonado y Cázares, quienes no habían recibido ninguna amenaza previa, de acuerdo con la dirigencia estatal del PVEM.
Es, hasta ahora, un crimen carente de sentido.
La ausencia del fiscal Carrancá
Los hechos descritos se sustentan en versiones recogidas por la prensa y en un informe otorgado por el Gabinete de Seguridad de Puebla el 2 de junio.
El informe fue presentado por el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano; el secretario de Seguridad Pública (SSP), Jesús Morales Flores y representantes de la Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Sólo el fiscal Víctor Carrancá Bourget se ausentó de la conferencia de prensa y, por tanto, en representación de la FGE acudió Jaime Huerta Ramos, fiscal de Investigación Regional.
Cuestionado al respecto, Carrasco Altamirano dijo desconocer el paradero de Carrancá Bourget, de quien, para entonces, ya pesaba una versión: su ausencia no sólo en el estado, sino en el país, pues supuestamente se encontraba vacacionando en Argentina.
A las 16:00 horas del sábado, la candidata al gobierno de Puebla de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, ciñó la presión sobre el fiscal en menos de 180 caracteres: “Exijo a la Fiscalía de Puebla esclarecer el homicidio de Juana Maldonado y Erika Cázares. Los responsables deben ir a la cárcel. Si Víctor Carrancá no puede, que renuncie”, tuiteó.
La solicitud de renuncia fue hecha también por los candidatos del PRI, Enrique Doger Guerrero, y de Morena, Miguel Barbosa Huerta. Pero el ultimátum de Alonso Hidalgo fue más significativo que cualquiera, si se considera que Carrancá Bourget fue nombrado procurador durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y, más tarde, ratificado como fiscal. Un cargo en el que duraría por lo menos hasta 2023.
Un plazo que parece, sobre todo ahora, muy distante.
La violencia política en Puebla
Con el doble homicidio de Maldonado y Cázares, suman 13 políticos asesinados en el estado de septiembre de 2017 al 2 de junio de este año. El Indicador de Violencia Política en México, un informe elaborado por la consultoría Etellekt, Puebla figura en el lugar número tres a nivel nacional con más homicidios políticos en los últimos años. El ranking lo lidera Guerrero, con 24 ejecuciones, y Oaxaca, con 18 más.
Juany Maldonado ha sido la primera candidata asesinada en el proceso electoral en Puebla. Otros dos precandidatos han sido ejecutados sin que las autoridades hayan esclarecido los crímenes. Se trata de Aarón Varela Martínez, de Morena, a la presidencia de Santa Clara Ocoyucan, y de Gustavo Gómez Álvarez, del PRI a la presidencia de Francisco Z. Mena.