Capacitación inoperante, impunidad, revictimización y falta de sensibilidad de quienes atienden a las féminas, algunos de los puntos señalados por el grupo de trabajo.
Por: Guadalupe Juárez
La capacitación a servidores públicos para tratar casos de violencia contra las mujeres en la entidad no se ha reflejado en la atención a víctimas, prevalece la impunidad, la revictimización y continúa la falta de sensibilidad de quienes las atienden, así como de recursos humanos y económicos para la Fiscalía General del Estado (FGE), concluyó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Como respuesta a las peticiones de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y en la elaboración de un segundo diagnóstico como respuesta a otra solicitud para activar el protocolo, el grupo de trabajo encargado del caso Puebla emitió 15 conclusiones con 56 recomendaciones y los indicadores de cumplimiento de cada una.
Las nuevas observaciones dictadas ahora a la administración de José Antonio Gali Fayad tendrán que ser atendidas en un plazo de seis meses, después de ese periodo, la Conavim analizará si es necesaria la AVGM o emite más recomendaciones, como sucedió en la primera solicitud presentada en 2016.
Entre los requerimientos al actual gobierno se encuentran la contratación del personal con el perfil adecuado en cada una de las instituciones encargadas de la atención a las víctimas, mejorar y medir el impacto de las capacitaciones a servidores públicos, así como el seguimiento de políticas públicas de la materia de forma anual y sexenal.
Además de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno al respecto, la elaboración de una estrategia transversal en los espacios educativo del estado, la implementación de protocolos para investigar los casos de trata de personas y de los feminicidios, en especial a los encargados de brindar asesoría y atención a las mujeres víctimas de violencia.
El grupo volvió a recomendar la creación de una fiscalía integrada por especialistas en feminicidios y violencia sexual, así como la reparación del daño, entre otras.
PREVALECE IMPUNIDAD EN CASOS DE FEMINICIDIOS
En la comparativa de las cifras otorgadas por las autoridades a los especialistas, hallaron que en los últimos tres años se registraron 165 asesinatos de mujeres por razones de género, pero sólo ha habido seis sentencias condenatorias contra los responsables de esos delitos.
Eso, a pesar de que la FGE reportó que en ese periodo, 105 de los feminicidios “estaban resueltos”, sin especificar a qué se referían con la afirmación.
“Sólo culminan en sentencia 4.84% de las denuncias presentadas, lo cual evidencia la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas”, sostuvieron en un documento publicado.
Las fallas en las áreas de procuración de justicia en el estado se extienden a otros delitos contra la mujer, como lesiones dolosas, rapto, secuestro, violencia familiar, violación, hostigamiento sexual, donde sólo 20% de las denuncias terminan en sentencia.
A pesar de eso, el grupo de trabajo reconoció que el gobierno avanzó en armonizar el protocolo de investigación del delito de feminicidio en el Sistema Penal Acusatorio; sin embargo, no es aplicado, ya que las víctimas identificaron descuidos graves en la cadena de custodia, la poca preparación de los fiscales a cargo, lo cual les ha dado la percepción de dilación en los procesos de acceso a la justicia.
En ese sentido, resaltaron que es insuficiente la atención de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, ubicada en la ciudad de Puebla, ya que las víctimas o sus familiares no siempre cuentan con los recursos económicos para trasladarse; además, por la falta de personal llegan a atenderlos hasta cuatro horas después.
CAPACITACIÓN A SERVIDORES NO HA MEJORADO LA ATENCIÓN
Aunque después de las recomendaciones emitidas por la Conavim, en el primer proceso de AVGM en 2016, el gobierno estatal comenzó con una estrategia de capacitación a servidores públicos, ésta fue fallida, ya que los encargados de la atención a las mujeres en situación de violencia y procuración de justicia reproducen estereotipos que contribuyen a la perpetuación de la violencia ejercida contra las féminas.
Esta problemática se da, entre otros casos, en la emisión de órdenes de protección de las cuales el Tribunal Superior de Justicia sólo giró 36 de estas medidas de 2015 a octubre de 2017, cuando en ese periodo se registraron 21 mil 193 averiguaciones previas iniciadas por delitos contra mujeres y niños.
En las entrevistas de los especialistas con los funcionarios, estos últimos reconocieron que aunque conocen las medidas no son una práctica cotidiana, pese al acompañamiento de instituciones como el DIF y el Instituto Poblano de la Mujer (IPM).
Tampoco hay un seguimiento de los casos de violencia extrema hasta la eliminación total del riesgo, por lo cual las víctimas siguen en estado de indefensión.
En algunos casos, el grupo de trabajo se encontró con que los servidores públicos “no conciben a las mujeres como sujetos de derechos” al señalar que sólo “necesitan ser escuchadas” y en algunas situaciones los elementos policiales expresaron que a ellas “les gusta que las golpeen”.
REVICTIMIZACIÓN
En este rubro, hallaron que los medios de comunicación contribuyen a la revictimización al promover prejuicios y estereotipos, ya que cuestionan el comportamiento de las víctimas, en vez de condenar los hechos de violencia.
Asimismo, destacaron que los familiares de las mujeres agredidas acusaron que la prensa publica información privada de ellas, cuando esta sólo se encuentra en poder de la FGE.
FALTA DE ATENCIÓN A LOS CASOS DE TRATA Y DESAPARICIONES
El grupo de trabajo detectó que no existe una fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, a pesar de que se estableció en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Asimismo, resaltó que el gobierno del estado carece de información relacionada con la trata, como el origen de las víctimas y los victimarios, los lugares de explotación, el modus operandi de los tratantes y perfiles de las víctimas.
También encontró que los servidores públicos no aplican los protocolos en la materia a pesar de que ya está armonizado, pues aun lo denominan “trata de blancas”.
