Encrucijada
Por: Luis Antonio Godina / [email protected]
El miércoles pasado el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión para reducir, a la mitad, el financiamiento a los partidos políticos en sus actividades permanentes.
En México el financiamiento público a los partidos políticos es, preponderantemente, público.
Así lo determinó el Congreso y tuvo, entre otras razones, proteger a los institutos, candidatos y campañas de dinero de procedencia dudosa, o de intereses empresariales que financiarán para ser defendidos desde la Cámara de Diputados o el Senado.
La reforma electoral de 1996 es la que acabó de dar forma al financiamiento público a partidos políticos que tenemos actualmente y que, en muchos puntos, coincide con lo que ocurre en otros países.
Sin embargo, hoy existe una demanda de austeridad para todos y los partidos no son la excepción.
Las iniciativas para disminuir o acabar con el financiamiento público para ellos se han presentado en el Congreso desde hace años, pero las condiciones para aprobarlas no se habían dado.
Hoy, existe la posibilidad de construir los consensos necesarios para llevar a cabo una nueva reforma electoral que disminuya el financiamiento público, con lo que se mantendría la constante que después de una elección presidencial se hace una nueva reforma electoral.
Es verdad que la democracia en México cuesta mucho dinero a los contribuyentes, pero eso se paga con la tranquilidad al momento de la jornada electoral.
En 2000, 2012 y 2018 han ganado la elección presidencial candidatos distintos al del partido en el poder, y todo ha transcurrido en paz.
Pocos países en el mundo pueden jactarse de tener alternancias en tan poco tiempo y todas en paz.
Buscar la austeridad en los partidos políticos y en las instituciones electorales es, sin duda, una asignatura a atender, pero deberá hacerse con una visión integral de país, que permita a partidos y candidatos tener certeza, equidad, y una contienda democrática.
